El alcalde de Maracena, el socialista Noel López, ha defendido este martes su actuación en el caso de las obras de un colector de agua en la localidad y ha negado haber desobedecido a los jueces, razón por la que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Granada.

La Fiscalía de Granada le atribuye un posible delito de desobediencia judicial y otro de prevaricación relacionados, por los que reclama para él una multa de 2.520 euros y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

López ha explicado que el objetivo de las obras era dar servicio a una residencia de ancianos, a una guardería y a otros edificios en la zona en torno a la Unidad de Ejecución 14, y que el cambio en el sistema de suelo -de compensación a cooperación- se aprobó para habilitar la parcela para que la Junta de Andalucía pudiera construir en ella un colegio, como estaba previsto.

De hecho, según ha indicado, como "no prosperaban" las negociaciones con los propietarios de los terrenos, el Ayuntamiento estudió de qué manera poder posibilitar la construcción del colegio, y se decidió que fuera mediante el cambio de sistema. Los propietarios, según ha admitido López, presentaron alegaciones al acuerdo de pleno adoptado, pero, con informes jurídicos y técnicos, éstas fueron contestadas.

En lo que respecta a las obras del colector, que fueron paralizadas por orden judicial tras la petición de los dueños del suelo, López ha incidido en que él nunca recibió personalmente ninguna de las resoluciones en ese sentido.

Los trabajos, según ha mantenido, se pararon a principios de octubre de 2011, y sólo en noviembre se ejecutó el tapado de una zanja por el peligro que suponía, trabajos de los que tuvo conocimiento una vez terminados por el concejal de Obras y Servicios. "Ya no se ha vuelto a hacer absolutamente nada más y la obra está hoy parada", ha sostenido el alcalde, que ha defendido su inocencia en todo este asunto.

Asimismo, en la primera sesión del juicio han declarado los propietarios, denunciantes de este caso, que han negado que las obras se paralizaran.

La vista continuará este miércoles con la declaración de más testigos y quedará previsiblemente entonces visto para sentencia, tras las conclusiones y los informes de las partes personadas.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, antes de los primeros días del mes de octubre de 2011, el alcalde "decidió" y, para ello impartió "las debidas instrucciones", iniciar materialmente las obras de un colector de aguas residuales sobre terrenos de la Unidad de Ejecución 14 de Maracena, sin contar con la autorización de sus "legítimos propietarios".

Además lo hizo, según el fiscal, "contra la expresa voluntad" manifestada en tal sentido por la Junta de Compensación y "soslayando" las competencias legalmente atribuidas a la misma. Frente a tales vías de hecho, los propietarios afectados, presentaron recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso 5 de Granadas, que acordó como medida cautelar la completa paralización de las obras en un auto de fecha 4 de octubre de 2011.

La paralización decretada fue ratificada y mantenida por posterior auto, el 7 de octubre, pero sin embargo, el acusado, el 5 de octubre "consciente de su improcedencia y a sabiendas de la evidente y manifiesta vulneración que ello supondría", decidió la continuidad de las obras, que fueron materializándose ininterrumpidamente en los siguientes días. Ello "supuestamente amparado en tan ficticia como fraudulenta pero en realidad inexistente legalidad".

Con anterioridad, el alcalde había dictado resolución acordando el sistema de compensación al de cooperación para así "imponer" la ocupación forzosa de los terrenos afectados bajo el paraguas de un artículo de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

Esto, aunque aprobado en pleno el 24 de junio de 2011, "ninguna efectividad podía tener en tanto no estuviese definitivamente aprobado el proyecto de reparcelación". Según el fiscal, este proyecto fue aprobado en pleno el 8 de noviembre de 2011, siendo vigente la paralización judicialmente ordenada. Por eso, según sostiene el fiscal, López actuó con la "única pretensión" de soslayar el mandato judicial, "entendiéndolo revocado de hecho".