Movilización ante el anuncio del recorte del 45% del servicio de vigilancia privada en los edificios municipales
CSIF y UGT se movilizan para rechazar los planes anunciados por el Ayuntamiento de Granada, al considerar que se traducirá en una reducción de la plantilla.
CSIF Granada
Concentración a en la Plaza del Carmen.
Trabajadores y miembros del comité de empresa de Castellana Seguridad (CASESA) se han movilizado esta mañana ante las puertas del Ayuntamiento de Granada para reclamar al equipo de gobierno que "cese en su propósito de recortar el 45 por ciento de esta plantilla", que aglutina a más de 250 personas.
CSIF Granada advierte de las consecuencias "devastadoras" que podría traer esta decisión, dejando "sin recursos a numerosas familias de trabajadores de vigilancia y seguridad privada de la provincia".
La central sindical considera que "el trabajo profesional realizado por los vigilantes de seguridad en el Ayuntamiento de Granada no duplica ni suple tareas de la Policía Local, sino que supone un complemento para reforzar la seguridad de los ciudadanos de Granada". Por este motivo, Francisco Manuel Sánchez, responsable del área de Seguridad Privada de CSIF Granada, se pregunta "por qué el equipo de gobierno antepone el ahorro en un tema tan fundamental como la seguridad ciudadana".
Por ello, solicita a los responsables municipales "una reunión en la que poder valorar esta medida y plantear otras alternativas que no redunden en la inseguridad ciudadana y en la destrucción de empleo". Sánchez ha defendido "la profesionalidad, formación y preparación del colectivo para la custodia de edificios amparada por la ley de Seguridad Privada 5/2014 y ha cuestionado que el ahorro anunciado por el equipo de gobierno de 300.000 euros en dos años sea real, sino más bien fruto de una mala previsión y planificación de los responsables municipales".
Por su parte, Torcuato Ruiz, responsable de seguridad privada de la Federación de Servicos, Movlidad y consumo de UGT Granada, cree que este recorte del 45 por ciento en el contrato con del Ayuntamiento de Granada con Casesa se va a trasladar a la plantilla, "ya sea en reducciones de jornadas, y consecuentemente salariales, o directamente en despidos". Por ello, el representante sindical manifiesta el "desconcierto" de los trabajadores, al haber hecho el Ayuntamiento este anuncio sin ningún tipo de comunicación ni negociación previa ni con la propia empresa ni con la representación laboral".
"Sobre todo -agrega- tras varios encuentros mantenidos con anterioridad en octubre y noviembre, con las Concejalas-Delegadas responsables de las áreas de Empleo y de Protección Ciudadana, Ana Muñoz y Raquel Rus, respectivamente, donde aseguraron a la representación de estos trabajadores que la intención del actual equipo de gobierno era la de no reducir los servicios de seguridad privada hasta ese momento contratados, o que en cualquier caso, las modificaciones o recortes serían menores y no afectarían al personal contratado para prestar esos servicios".
Desde el sindicato, explica Ruiz, "no se comprende porque se quita dinero a la vigilancia del espacio público y no a otros conceptos, como coches oficiales, escoltas, o asesores". Plantear un recorte de 300.000 euros para cubrir otros gastos, también necesarios, "no es de recibo, puesto que la consecuencia va a ser, se temen que trabajadores se queden en la calle". Si no se rectifica la decisión, seguirán las movilizaciones.
