El Partido Popular ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "cumpla su palabra, paralice la reordenación hospitalaria en Granada y decida las modificaciones que hagan falta en estrecha colaboración con los profesionales del sector, y no con el consejo de asesores nombrado a medida y compuesto mayoritariamente por personas cuyo mayor mérito es tener el carné socialista". 

Catalina García, portavoz de Salud del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, ha recordado que el PP siempre ha tenido "clarísimo" que Granada necesita "dos hospitales completos" y que son los profesionales los que deben hablar con el consejero Aquilino Alonso "para llevar juntos la reordenación y tomar decisiones".

Mientras tanto, ha recalcado, se debe "paralizar" la fusión hospitalaria, empezando por el traslado del Materno Infantil al edificio de Traumatología. "Por varias razones, pero la principal de ellas porque un Materno Infantil no puede estar separado 800 metros de un hospital con todas las especialidades", ha incidido.

Respecto al consejo asesor nombrado por la Junta, Catalina García ha dicho que el PP no se opone a entrar en él, como ha sugerido el consejero, porque está dispuesto a "aportar soluciones". Pero ha anunciado que "sólo estará cuando también figuren en el mismo componentes de la Junta Facultativa, de la Plataforma Granada por su Salud o de la que convocó la manifestación del pasado domingo". 

"En Granada ha habido un clamor y el Gobierno andaluz no tiene que dar explicaciones, como ha prometido, sino hacer correcciones", ha continuado la parlamentaria, que ha recordado la moción presentada el 10 de septiembre de 2015 en la que se pidió contar con la opinión de los profesionales del sector y la paralización de la fusión; y otra, del 4 de noviembre de ese mismo año, en la que reclamaba la paralización de la fusión.

Esas mociones, ha continuado, "tuvieron el voto en contra del PSOE, mientras que en una de ellas Ciudadanos se abstuvo y en la otra se negó a secundarla". Eso le ha llevado a afear a Izquierda Unida y Podemos por haberse situado "ahora" contra la reordenación hospitalaria en Granada, pero no contra las que se llevan a cabo en otras provincias andaluzas "que significan un recorte clarísimo".

Ha reprochado en este sentido que, si bien "el Partido Popular ha alertado desde el 2015 sobre la necesidad de parar la reestructuración tal y como se estaba llevando a cabo, el resto de los partidos hicieron caso omiso a sus advertencias, y se suman ahora cuando los granadinos y profesionales han salido a la calle". Asimismo, la portavoz popular de salud, ha exigido a Ciudadanos que se decida. "No vale abstenerse, como ha hecho muy recientemente el parlamentario granadino José Antonio Funes (C's). Hay que decir sí o no", ha subrayado. 

Por su parte, el parlamentario Vicente Valero ha puesto el acento en que, si se produce el traslado del Materno Infantil, sufrirá "de primera mano" el efecto de una decisión "caótica" que supone la dispersión de especialidades "pese al clamor en contra en la calle y la opinión adversa de los profesionales ante una política de degradación de la calidad en los servicios públicos".

"Granada está siendo el conejillo de indias de una decisión nefasta, de una reestructuración que en provincias como Sevilla o Huelva ha terminado en los tribunales", ha proseguido Vicente Valero,  quien ha dicho que no le extrañaría que "esa misma situación se repitiera aquí". 

El parlamentario ha anunciado que el grupo popular pedirá al consejero Aquilino Alonso, en su comparecencia en la Comisión de Salud que tendrá lugar el próximo jueves 27 de octubre en el Parlamento, que explique "por qué no se ha movido por la senda que los granadinos le han marcado, porque ellos han dicho con claridad que quieren dos hospitales completos y la única respuesta que han recibido ha sido la creación de un comité de supuestos expertos compuesto en su mayoría por personas que tienen el carné socialista".

Además, ha enfatizado que, ahora que el Parlamento ha aprobado mayoritariamente una resolución en contra de la reordenación, el gobierno socialista "tiene la obligación de cumplirla, por respeto a la soberanía de esa cámara".