CSIF Granada ha denunciado que el nuevo Manual para la gestión del cumplimiento de jornada y horarios en los centros docentes públicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional supone "un ataque directo al profesorado" y tiene "un enfoque fiscalizador injustificado" de la labor docente. Este documento sustituye al anterior manual de 2005 e introduce "modificaciones sustanciales" en lo referente a la jornada laboral y las ausencias del profesorado.

La Central Sindical ha criticado que se trata de "un documento impuesto, que nunca fue negociado adecuadamente, y que afecta negativamente a los derechos del colectivo docente". Además, "aumenta la presión sobre los equipos directivos, a los que se les exige la revisión diaria de la asistencia del personal, supone un incremento de la burocracia a la que tienen que hacer frente los profesionales a diario y genera agravios comparativos respecto al resto del funcionariado andaluz", por lo que ha reclamado su retirada.

La responsable del sector de Educación de CSIF Granada, Emilia Santos, ha explicado que este manual "vulnera la normativa de protección de datos", pues obliga a los centros directivos a dar publicidad a un estadillo mensual de ausencias, generado a través de Séneca, en el que se incluyen datos personales de los profesionales, tales como nombre y apellido del docente, motivo y tipo de justificación de las ausencias, total de horas ausentes y el coste económico de las mismas. 

"Este procedimiento, sin una base legal que legitime tal publicidad, vulnera gravemente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos"

"Esta información se comparte con todo el personal docente y no docente por correo electrónico y se remite trimestralmente al Consejo Escolar", ha señalado la responsable sindical, quien ha añadido que "este procedimiento, sin una base legal que legitime tal publicidad, vulnera gravemente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos".

CSIF considera "inaceptable" que el Consejo Escolar, un órgano colegiado, tenga acceso a esta "información sensible" y que, a juicio de la central sindical, "vulnera además el derecho a la intimidad del profesorado"; por ello, reclama a la Consejería que "se abra una negociación en mesa técnica para elaborar un nuevo documento consensuado y adecuado al trabajo que se realiza en los centros educativos y que adopte soluciones inmediatas para acabar con esta situación, por la que la Administración, al incumplir la normativa de protección de datos, podría enfrentarse a sanciones y responsabilidades disciplinarias".