El Ayuntamiento de Atarfe ha ganado en los juzgados una reclamación de más de cuatro millones de euros que le hacía una promotora inmobiliaria en relación a un convenio urbanístico que fue suscrito en julio de 2004 vinculado a la llamada 'Ciudad Ilíberis'.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada da la razón al Ayuntamiento en relación a este asunto en el que la mercantil demandante, que se encuentra en concurso de acreedores, solicitaba que se declarara la resolución del convenio y se condenara al municipio a pagarle 4,3 millones por daños y perjuicios.

Fue el 28 de julio de 2004 cuando esta mercantil, junto con otra empresa, suscribió con el Ayuntamiento de Atarfe un convenio urbanístico con respecto al ámbito territorial del sector SR-22 y una serie de terrenos colindantes para definir los parámetros urbanísticos del nuevo ámbito que sería denominado 'Ciudad Ilíberis', para su inclusión en el nuevo PGOU del municipio que se estaba redactando, revisando así las Normas Subsidiarias de planeamiento.

No obstante, a raíz de varios cambios legislativos autonómicos que se produjeron en ese momento ya no se podían satisfacer legalmente las propuestas de ordenación previstas en el convenio, por clasificar nuevos suelos como urbanizables y por alterar densidades y edificabilidades.

El Ayuntamiento de Atarfe, que ha estado representado en este proceso por el letrado José Antonio Rodríguez Alaminos, aclaró ante el juzgado que el citado convenio fue cedido a la mercantil Proyecto Cuidad Ilíberis S.L, tal y como acreditan los documentos aportados a la causa y por tanto sólo esta entidad está legitimada para solicitar el cumplimiento y resolución del contrato; sin embargo, no lo ha hecho.

La mercantil que reclamaba los cuatro millones de euros está en concurso de acreedores y a lo largo de los años no ha acreditado su legitimidad en el proceso ni ha intervenido en los tiempos previstos en la causa. De hecho, el Ayuntamiento de Atarfe alegó que en este tiempo ha prescrito cualquier derecho que tuviera a dirigirse contra la Administración local por este asunto, y el juzgado le ha dado la razón.