Izquierda Unida elevará a debate en el próximo pleno de la Diputación de Granada una moción instando a la Junta de Andalucía a que reconsidere la otorgación de la Declaración de Utilidad Pública de las plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación de los parques fotovoltaicos Atarfe I, II y III, que construirá la empesa Ence en Santa Fe y otros municipios de la Vega, un texto  desarrollado por un grupo de activistas ambientales y defensores del desarrollo sostenible que pretende preservar el inestimable patrimonio natural y cultural de la Vega de Granada y evitar las expropiaciones previstas. 

La coordinadora provincial y diputada Mari Carmen Pérez defiende el peso de la Vega de Granada como símbolo de identidad para Andalucía, no solo por su importancia económica y agrícola, sino también por su valor ambiental y cultural. Las alamedas y la presencia del chopo han definido este paisaje, contribuyendo a la protección hidrológica, la mitigación del cambio climático y el desarrollo rural. La madera de chopo, históricamente arraigada en nuestro territorio, ofrece beneficios ambientales significativos al absorber más CO2 que los cultivos herbáceos intensivos, reducir el consumo de agua y actuar como un escudo contra la contaminación, explica IU en un comunicado.

Pérez destaca que la Vega de Granada es una oportunidad para desarrollar una industria local basada en la madera técnica estructural y que representa un camino hacia la sostenibilidad y la resiliencia ambiental. Como indica el propio texto, esta industria no solo ofrece un alto secuestro de carbono a largo plazo y un consumo energético casi nulo, sino que también promueve la economía circular y el uso de productos locales, reduciendo así la contaminación y las emisiones de CO2 derivadas del transporte.

"Serias preocupaciones para la Vega"

La propuesta de otorgar utilidad pública a los parques fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación plantea serias preocupaciones para la Vega de Granada y sus comunidades, considera IU.

La instalación de una línea eléctrica aérea, que atravesaría tierras de alto valor productivo agrícola tendría un impacto devastador en la producción agrícola y maderera de la región. Se estima que la afectación en superficie alcanzaría las 33,6 hectáreas, poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y forestales locales.

La formación de izquierdas entiende y comparte plenamente que la Vega de Granada es un paisaje histórico y cultural que abarca la llanura aluvial del río Genil, en la provincia de Granada. Con una rica tradición agrícola y una biodiversidad excepcional, la Vega es un ejemplo destacado de la relación entre el hombre y el medio ambiente a lo largo de los siglos. Su conservación y protección son fundamentales para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Por ello es esencial destacar que la ubicación propuesta para la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación contradice el planeamiento subregional y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). La instalación se situaría sobre zonas de medio valor productivo, mientras que la línea de evacuación atravesaría áreas de alto y excepcional valor productivo, incluyendo suelos protegidos como parte del sistema de espacios libres.

Además, la inclusión de tramos subterráneos y aéreos en la línea de evacuación plantea interrogantes sobre la coherencia del proyecto. Resulta incongruente que se privilegie un tratamiento preferencial en suelos de menor valor productivo, mientras se ignora el impacto en áreas de mayor relevancia agrícola y ambiental, finaliza IU. 

Desde Izquierda Unida defendemos que la generación de energía renovable es fundamental para combatir el cambio climático pero su implementación no debe comprometer los recursos productivos locales ni amenazar la integridad de paisajes emblemáticos como la Vega de Granada. Es por ello que solicitamos en la moción el apoyo por los distintos grupos políticos que conforman la Diputación de Granada para instar a la Junta de Andalucía a que reconsidere su decisión y que vele por la protección y el desarrollo sostenible de nuestra provincia y del conjunto de Andalucía.