"El cierre del botellódromo, un espacio de la vergüenza, devuelve la dignidad a la ciudad". Así se expresó la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, antes de participar en la Junta Local de Seguridad convocada este martes para formalizar los acuerdos que se debatieron la pasada semana en la comisión del botellódromo, iniciativas entre las que destaca poner en marcha la modificación de la ordenanza del ruido para poder hacer frente a las dificultades para actuar en las fiestas en los pisos de estudiantes, como informó El Independiente de Granada.

La concejala recordó que durante los últimos nueve años los vecinos de la zona han padecido ruidos, suciedad por actitudes incívicas. Y, aunque destacó que la intención del Ayuntamiento no es "criminalizar" a los jóvenes, insistió en que, como recinto del Ayuntamiento destinado únicamente a consumo de alcohol "no era sostenible, porque afectaba a la salud de los jóvenes, al barrio y a la imagen de Granada". 

El gobierno local está convencido de que la mera presencia policial en la zona y en los puntos que consideran "calientes", con riesgo de que se reproduzcan microbotellones, será "disuasoria". Ese es el principal objetivo, aunque Ruz aclaró que si es necesario se multará. En este sentido se mostró confiada en que esas sanciones, de cara al futuro, serán disuasorias, "sobre todo en los padres de menores; el control a partir de ese momento será mayor". 

Apuntó que no solo se reforzará la presencia policial, también se llevará a cabo una labor de información por parte de los agentes en colegios e institutos. Porque el cierre no se afronta únicamente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, también educativo y de organización de actividades de ocio alternativo. De hecho este lunes por la tarde estaba prevista la reunión de la comisión de juventud para afrontar, con UGR e Instituto de la Juventud, entre otras entidades y colectivos, esas actividades alternativas. 

Junto a Ruz compareció el jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, quien explicó que se dedicarán 25 agentes como servicio extraordinario para vigilar el cumplimiento del cierre y la prohibición de beber alcohol -el servicio ordinario cuenta con alrededor de 50 agentes-.

También se vigilar a los establecimientos públicos donde se vende alcohol, para evitar que se haga a menores. Las multas establecidas por ley pueden alcanzar los 60.000 euros. 

El jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, confió en que el despliegue acordado evitará tener que diseñar un plan especial de botellón y permitirá que Granada "no salga en las noticias por ello".  Y enfatizó que confiaba plenamente en que en poco tiempo "no hablaremos de botellón".

Respecto a la modificación de la ordenanza de ruidos, para hacer responsable solidarios a los propietarios y salvar el escollo de los jóvenes que evitan su identificación, espera poderla sacar adelante "lo antes posible": Ruz hizo hincapié en la receptividad de todos los grupos municipales, "les pareció muy bien, como solución factible".