El PP elude responsabilidades por el aislamiento y las descarga en la adjudicataria de las obras del AVE en Loja
El Partido Popular de Granada ha descargado toda la responsabilidad del retraso en las obras de la Alta Velocidad y el aislamiento ferroviario que ha provocado y que se prolonga ya más de 500 días en la adjudicataria de las obras del tramo de Loja. Lo ha hecho en un comunicado en el que se refiere a la petición por parte de la Unión Temporal de Empresas responsable de los trabajos de rescindir el contrato, una decisión que celebra aunque lamenta que "haya llegado muy tarde, cuando a la provincia se le ha hecho un daño irreparable".
Es el secretario general del partido en Granada, Santiago Pérez, el que traslada la posición del partido, que elude responsabilidades en esta situación y salva también de ellas al Gobierno central, pese a haber adjudicado muy a la baja los trabajos.
En palabras de Pérez, la concesionaria "ha jugado con los intereses de Granada, pensando quizá que el calendario electoral le iba a permitir una mejora sustancial del contrato firmado en su día". Sin embargo, según sostiene en el comunicado, se ha topado "con un gobierno serio y responsable, que no se ha prestado a las componendas de otros gobiernos que pretendían arreglarlo todo despilfarrando el dinero público".
"La empresa conocía muy bien el proyecto, sus dificultades técnicas y, sobre todo, el presupuesto que ofreció en la licitación, nadie le obligó a que lo hiciera”, ha subrayado el dirigente popular atribuyendo toda la responsabildad de la situación a la Unión Temporal de Empresas. Añade Pérez que espera que la empresa “no ponga más trabas” y que el contrato “se resuelva lo más rápidamente posible".
El PP ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno en Andalucía una reunión con quien sea el responsable de Fomento, en cuanto se constituya el nuevo Gobierno, en la que exigirá que, si hay que recurrir a un nuevo proceso de licitación de las obras, "se declare por urgencia, para recuperar al máximo el tiempo perdido", según explica Santiago Pérez.
Pide disculpas a los granadinos y carga contra el alcalde
Los populares lamentan lo ocurrido y piden perdón a la sociedad granadina por el retraso, al tiempo que se comprometen a "defender donde haga falta" que las obras se liciten y ejecuten “lo más pronto posible”.
En el comunicado, el secretario general del PP granadino se dirige al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a quien pide "que deje de enredar y tienda la mano para solucionar el problema". "Ya dio suficiente espectáculo con la visita del secretario de Estado de Infraestructuras a Granada. Montó una pataleta al pretender que se reuniera primero con él y con las plataformas que citó por su cuenta y riesgo, ninguneando a los grupos municipales del Ayuntamiento, a los que dejó fuera de la reunión con un secretario de Estado que se comportó con caballerosidad, elegancia, espíritu de diálogo y respeto", apunta.
Para Santiago Pérez, el alcalde "no puede dedicarse a montar espectáculos partidistas que no benefician a Granada en ningún caso. Un alcalde tiene siempre que tender la mano para solucionar problemas y, en su caso, ya va siendo hora, por cierto, de que empiece a cumplir alguna de las promesas que hizo alegremente cuando estaba en la oposición", le recuerda.
El Partido Popular le invita a que muestre "su aguerrido perfil" cuando se trate de defender los intereses de Granada ante la Junta de Andalucía. "Granada sigue esperando el cierre del anillo de la Circunvalación, los viales de conexión del Área Metropolitana prometidos en 1999, la conexión ferroviaria Antequera-Sevilla, muy importante para Granada y de la cual la Junta ha devuelto 280 millones de fondos europeos, o cambios sustanciales en la gestión poco transparente de la Alhambra, Sierra Nevada o el PTS, verdaderos cortijos del socialismo sevillano en Sevilla", indica.
En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha culpado a la UTE de la posible rescisión del contrato y ha asegurado que el Ejecutivo buscará una solución sin saltarse la ley. El Ministerio evalúa ahora esa petición para tomar "una decisión definitiva".
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