Es evidente que este cambio de actitud nada tiene que ver con la presentación y exposición que se hizo hace poco días de la Orden que establecía las tarifas para los servicios externalizados o concertados con la privada, donde se incluía la atención primaria. La gota que colmaba el vaso del escándalo producido, unido a todo el proceso de movilizaciones en el que llevamos las Mareas Blancas, plataformas y colectivos sociales inmersos varios meses ha generado el lógico temor al Gobierno andaluz a que el tema se desborde porque, efectivamente, se estaban multiplicando las acciones, concentraciones, movilizaciones y manifestaciones en todos los ámbitos, en numerosos municipios y barrios en esta fase previa antes de la manifestación del 25M. En este proceso de movilizaciones también han participado activamente los sindicatos. Cosa distinta es que ahora el Gobierno andaluz haya escogido en exclusiva a dos sindicatos para convertirlo en interlocutores de este acuerdo, obviando a todos los demás movimientos y colectivos sociales, generadores de la movilización social. Es también un intento de dividir al conjunto social que está implicándose en el proceso de movilización.

Este cambio de actitud del gobierno es una táctica consecuencia de las movilizaciones sociales que la ciudadanía, las Mareas Blancas y Plataformas y movimientos sociales han generado - en las que los sindicatos han participado también-

Las centrales sindicales deben de tener la ética suficiente para reconocer públicamente dos cuestiones:

La primera, que este cambio de actitud del gobierno es una táctica consecuencia de las movilizaciones sociales que la ciudadanía, las Mareas Blancas y Plataformas y movimientos sociales han generado - en las que los sindicatos han participado también-.

Y segundo, que esto no puede de ninguna manera parar el proceso de movilizaciones en marcha. Y los sindicatos no pueden ni deben aminorar ni atemperar su participación activa y amplia en el proceso movilizador, porque, frente a esta táctica del gobierno andaluz, como un “regateo en corto” para frenar el proceso de movilizaciones, desanimando a la sociedad civil y a laspersonas que están al frente de estas luchas con el señuelo de que los sindicatos ya han conseguido lo que se reivindicaba, frente a esta táctica hay una estrategia…

No olvidemos que la derecha tiene una estrategia. Una estrategia global que se ve claramente en Madrid y también en Andalucía y en algunas comunidades, sobre todo del PP, en la cual el proceso de deterioro de la sanidad pública va unido a una expansión progresiva de los sectores privados y sirven como elementos de potenciación de esa expansión los conciertos y externalizaciones que nutren económicamente a estos ámbitos.

La estrategia privatizadora continúa. No podemos olvidar que el presupuesto andaluz de 2023 prevé un 42,78% más de pacientes derivados a la privada que en 2018, porcentaje que sube al 112,97% en intervenciones quirúrgicas y al 224% en estudios diagnósticos, el millón de pacientes que en 2022 se mandaron a la sanidad privada

La estrategia privatizadora continúa. No podemos olvidar que el presupuesto andaluz de 2023 prevé un 42,78% más de pacientes derivados a la privada que en 2018, porcentaje que sube al 112,97% en intervenciones quirúrgicas y al 224% en estudios diagnósticos, el millón de pacientes que en 2022 se mandaron a la sanidad privada. En 2023 la cifra de pacientes derivados previstos alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022, que fueron unas cuentas prorrogadas (195.745),

No podemos olvidar que el número de pacientes derivados a la sanidad concertada para "aliviar" las listas de espera ascendió en 2021 a 858.529, con datos ya cerrados (no sólo previstos en los Presupuestos) ofrecidos por la consejería en abril. Esto supone un incremento del 49,8% desde 2018 (573.082), Ni las adjudicaciones a dedo por valor de 117 millones de euros a clínicas privadas, acogiéndose a un decreto para contratos covid ya derogado…

No podemos olvidar que el Gobierno ha puesto a todos sus médicos a disposición de la sanidad privada, extendiendo el llamado complemento de exclusividad a los que también ejercen simultáneamente la pública con la privada. Y tampoco podemos olvidar que el Gobierno sigue sin aclarar qué va a hacer con los 12.000 sanitarios que están pendientes de renovar, la mayoría no forman parte de la plantilla estructural, han sido ubicados en el ámbito de la precariedad y de la temporalidad o simplemente están en el paro.

Los Sindicatos y los movimientos sociales que defendemos en realidad la sanidad pública no podemos olvidar que queda mucho por hacer y es indispensable mantener la unidad de sectores, organizaciones y movimientos defensores de la sanidad pública

Los Sindicatos y los movimientos sociales que defendemos en realidad la sanidad pública no podemos olvidar que queda mucho por hacer y es indispensable mantener la unidad de sectores, organizaciones y movimientos defensores de la sanidad pública y que la confrontación con los procesos expansivos de la sanidad privada es en realidad una confrontación con los sectores políticos y económicos que lo mismo que en la sanidad, en la educación , en las pensiones, en la atención a los mayores en residencias o en las dependencias, y en cuanto a todos los servicios públicos que conocemos, están por una privatización progresiva, comenzando con discursos engañosos “mixtos” de “colaboración público privada” o concertaciones para culminar realmente con un proceso de hegemonía de los sectores económicos privados sobre los ámbitos que se gestionan públicamente. Esto va en contra claramente de la mayoría de población.