El uso de la mascarilla, obligatorio en playas y piscinas aunque haya distancia de seguridad
Playa de Motril en febrero pasado. alba feixas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, conocida como ley de 'nueva normalidad', que fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Según informa Europa press, entre las medidas contempladas en el texto, que entrará mañana en vigor y se mantendrá hasta que acabe la pandemia, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.
En cualquier caso, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
"Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias", señala el documento.
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
3. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto
En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el documento recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el 'stock' disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes de los mismos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Imagen de archivo de reparto de mascarillas en transporte público en Motril. alba feixas
El Consejo Interterritorial de Salud analizará la ley por si hubiera que matizarla
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que participan los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, va a analizar este miércoles el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19', conocida como ley de 'nueva normalidad', publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para ver si hay que "matizarla".
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que la norma publicada en el BOE comenzó su andadura el pasado mes de junio. Además, ley fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
No obstante, desde ese momento y hasta hoy se han producido nuevos avances en base a la experiencia adquirida contra el Covid-19 en estos meses y a la cogobernanza de la gestión de la pandemia entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Por ello, la también ministra de Hacienda ha informado de que el Cisns va a revisar la norma este miércoles con el fin de detectar alguna cuestión que en la misma se incluya y que "no esté en consonancia con lo aprendido".
El trámite parlamentario
La nueva ley se aprobó para la gestión de la pandemia hasta su finalización
Durante su debate en la Cámara Baja, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, resaltó que esta norma va a "permitir avanzar el control de la pandemia y también en funciones de vigilancia, inspección y control de casos". "Esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta su finalización. Recoge buena parte del compromiso adquirido durante la gestión de esta dolorosa crisis. Está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro", defendió.
Guillermo Díaz, de Ciudadanos, aplaudió la incorporación de una enmienda de su grupo para la suspensión durante toda la pandemia del visado de inspección médica para la prescripción de la triple terapia en el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). "Evitará tratamientos burocráticos para acceder al mejor de los tratamientos", celebró.
El diputado de la formación 'naranja', en sintonía con la ministra de Sanidad, reivindicó la necesidad de esta ley: "No podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista". En cualquier caso, ha reclamado al Ejecutivo que "plantee establecer una legislación que permita en un futuro responder mejor a una situación como esta".
Laura Márquez, de Unidas Podemos, también se mostró satisfecha con la incorporación en el texto legislativo de la prórroga de los contratos de investigación durante la pandemia, pero insistió en que "es necesario abordar el problema de la temporalidad en la investigación científica". "Incluso las personas que están investigando una vacuna en nuestro país tienen contratos temporales. Hay que garantizar la estabilidad de nuestros científicos, pero de verdad, sin trampa ni cartón", añadió.
En contraste, la diputada 'popular' Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, lamentó que el documento final no incorpore ninguna de las 45 enmiendas presentadas por el principal grupo de la oposición. "Nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo. ¿No se dan cuenta de que este decreto llega igual que salió, que apenas ha incorporado cinco enmiendas?", ejemplifico.
Así, Pastor criticó que el Gobierno, con esta ley, "ha sido incapaz de incorporar lo que necesita con urgencia el sistema sanitario". ¿Por qué no han apoyado nuestras enmiendas? ¿Por qué un no a una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial? ¿Por qué no a un plan de recursos humanos para mejorar las condiciones de los profesionales? Debe ser que es muy de derechas", se preguntó retóricamente.
La diputada socialista Carmen Andrés Añón le contestó que las enmiendas del PP están "muy lejos" de la "naturaleza" de la norma, ya que "pretendían una regulación exhaustiva de todas las situaciones posibles e imposibles de prever, y de esta manera maniataría al Consejo Interterritorial en su toma de decisiones". "Además, planteaban un claro conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Estaban muy lejos de la Constitución y del espíritu de la ley", remachó.
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