El Arzobispado de Granada ha aprobado un protocolo de prevención y actuación ante abusos sexuales a menores y a personas vulnerables y un código de buenas prácticas para crear "ambientes sanos y seguros" en la Iglesia en la provincia.

Según un decreto firmado por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, publicado en la página web de la Archidiócesis y consultado por Europa Press, este protocolo tiene una vigencia inicial de tres años renovables y pasaría a ser definitivo "si no aparece legislación nueva, civil o canónica, y si no se viesen en el mejoras de especial urgencia o importancia".

El protocolo tiene carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad "personal o institucional" en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.

"Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas", indica en el decreto Martínez.

El protocolo, que sigue el establecido por la diócesis de Córdoba, "explicita y concreta" las medidas prácticas para "escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren".

El documento, también disponible en la web de la Iglesia granadina y consultado por Europa Press, engloba aspectos como el maltrato físico, psicológico o emocional, ciberacoso y el sexual.

Definición de abuso sexual

En lo que respectan a los abusos sexuales, estos son entendidos en el protocolo como "un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto", y también alude a "acoso, provocación y explotación sexual".

Entre los requisitos se recoge que será "obligatorio solicitar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas".

También obliga a que todos los sacerdotes o laicos firmen un "documento de responsabilidad personal" en el que manifiesten "de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema y que si llegan a cometer cualquier acto de abuso sexual lo harían engañando a la Iglesia, a las leyes civiles, siendo responsables única y exclusivamente de los actos que realicen".

El protocolo también establece igualmente la creación de una comisión de protección de menores y personas vulnerables y la elaboración de programas de formación específica y dedica, además, un apartado a la detección, denuncia y actuación frente al abuso sexual.

También prohíbe ponerse en "situación de riesgo o claramente ambigua" como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso "quedarse a solas mucho tiempo con un menor", por ejemplo, en la sacristía de la iglesia, sala o dependencia parroquial y con la puerta cerrada, entre otras medidas.

El protocolo señala que cualquier conducta inapropiada se realizará una actuación que puede ir desde una "indicación o sugerencia de mejora" de los actos a la comunicación de los actos "a las autoridades civiles, con la apertura de un expediente o el despido", según el caso.