Ustea demanda a Educación por "la masificación" en las aulas
Más de 5.500 alumnos y alumnas se ven afectados en la provincia de Granada por "la masificación irregular" de las aulas de los centros públicos, según el sindicato Ustea, que ha interpuesto una demanda por la vía contencioso administrativa contra la Consejería de Educación y Deportes.
El sindicato Ustea ha explicado que, hasta el curso pasado, el incremento de la ratio por encima de lo establecido en la ley estaba amparado por el Real Decreto aprobado por el Gobierno central para los años de la crisis. El Real Decreto de "los recortes educativos", como indica Ustea. Pero ese Real Decreto, en el que se amparó en cursos pasados la Consejería de Educación para que hubiera más alumnos y alumnas en las clases está derogado parcialmente.
Por ese motivo, "la anterior política de escolarización que masificaba las aulas por encima de leyes orgánicas, pasó a situarse fuera de la norma y a no tener cobertura legal. Pese a ello, el actual ejecutivo de las tres derechas que gobiernan la Junta de Andalucía, con el consejero Javier Imbroda al frente, continuó aplicando la misma política de escolarización como si nada hubiera cambiado".
Según la información recopilada por el sindicato hasta la fecha, son más de 700 unidades en toda Andalucía, y cerca de 200 sólo en la provincia de Granada, "masificadas por encima de la norma".
Al respecto, el sindicato precisa que si bien la ley orgánica educativa en vigor "permite una subida excepcional de las ratios del 10 por ciento para garantizar la escolarización del alumnado de incorporación tardía (matriculación tardía o movilidad de la unidad familiar en periodo extraordinario), la planificación de los grupos ya incluso desde el mes de abril del curso pasado, incluía ese incremento 10 por ciento en el número de alumnos/as, por lo que la trampa está en que en realidad no existe para Delegación de Granada una fecha a partir de la cual consideren el comienzo de la incorporación tardía, de manera que muchos grupos comienzan ya masificados de manera irregular desde inicio del curso, poniendo así en riesgo el derecho a la escolarización del alumnado de incorporación tardía que garantiza la ley".
Según denuncia Ustea Granada, ante las reclamaciones interpuestas por esas unidades masificadas, "desde Delegación de Educación de Granada nos han contestado a algunas de ellas con el increíble argumento de que la planificación de los grupos debe ajustarse, no a la Ley Orgánica de Educación, sino a la estabilidad presupuestaria, lo cual es un barbaridad extrema: el cumplimiento de la ley es obligatorio y ninguna administración, para bien o para mal, puede arrogarse el derecho de cumplirla o no".
En el contencioso se recogen "los casos más alarmantes" detectados en Granada
Por ese motivo, este jueves 7 de noviembre, Ustea abrió la vía de un contencioso administrativo "con los casos más alarmantes detectados en la provincia, a fin de que la política de planificación educativa de la Consejería y de la Delegación territorial de Granada se ajuste a norma, mejorando así la atención individualizada de nuestros alumnos y alumnas, reduciendo el fracaso escolar y creando los puestos de trabajo necesarios para contrarrestar la nefastas políticas educativas del consejero Imbroda".
El sindicato recuerda que el número de alumnos/as por grupo o unidad escolar es una cuestión clave para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación de los más pequeños. De ahí que señale que el alumnado de las 200 aulas afectadas por esta situación, que según sus cálculos sería de en torno a 5.500 niños y niñas, estén viendo "mermadas sus posibilidades de atención educativa debido a que la Consejería de Educación ha realizado una escolarización contraria a la ley, lo que es un auténtico escándalo".
Según los cálculos realizados por el sindicato, "la vuelta a la legalidad de las unidades con masificación ilegal detectadas daría lugar a la creación de cerca de 126 unidades sólo en la provincia de Granada. Teniendo en cuenta que cada unidad de Infantil y Primaria está asociada a la creación de un puesto de trabajo docente y cada unidad en Secundaria lo está a 1,7, se están perdiendo en nuestra provincia más de 140 puestos de trabajo docentes. Si a ello sumamos que debido a las instrucciones que modificaron el currículum de primaria, se quedaron en toda Andalucía cerca de 700 maestros interinos e interinas con tiempo de servicio sin vacante, consideramos una auténtica aberración el proceso actual de escolarización tramposa que merma el empleo público docente".
Movilización por la escuela pública
El sindicato, que ya respaldó la movilización protagonizada por las AMPAS de los colegios públicos de la Alpujarra, que secundaron una huelga durante tres semanas para denunciar esta situación, sigue adelante con las movilizaciones. Esta misma tarde el sindicato ha vuelto a manifestarse en defensa de la escuela pública en la capital, en una protesta en la que se han vuelto a escuchar lemas a favor de la enseñanza pública y críticas hacia el consejero Imbroda. Una movilización que también han secundado otros sindicatos, como CGT, y también la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Alhambra.
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