En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga la presunta trama urbanística, el abogado del empresario recuerda que la Audiencia Provincial, en junio de 2017, mantuvo a Ramón Arenas como acusación popular en el caso Ágreda "sin necesidad ni de querella ni de fianza". Cita igualmente otro caso, el que se sigue en un Juzgado de Sevilla entre otros, contra el exalcalde de Granada Francisco Cuenca, por su etapa en la Junta, para señalar que tampoco al Sindicato Andaluz de Funcionarios se le ha exigido fianza como acusación popular. 

• Si considera que el trato para fijar la fianza de 5.000 euros al empresario y su mercantil, Aremat SL, personados como acusación particular en la causa principal desde el inicio, dado que fueron denunciantes de las irregularidades y han ido aportando numerosa documentación para la investigación, es "equiparable" al recibido por los partidos Vamos Granada y PSOE.
• Y en el caso de que la jueza apreciara "el mismo tratamiento procesal (como si todos hubieran sido denunciantes o querellantes y hubieran aportado materialmente igual a la causa)", si la fianza de 5.000 euros requerida corresponde a la pieza del expediente Registro o corresponde también al resto de piezas del caso Nazarí. Consulta al respecto si la totalidad de la fianza se debe consignar "en este preciso momento" o "podría dividirse o fraccionarse conforme vayan abriéndose las correspondientes piezas".

La decisión de exigir una fianza de 5.000 euros para ejercer como acusación popular ha supuesto un nuevo contratiempo para el empresario, cuya denuncia puso en marcha la investigación de uno de los mayores casos de presunta corrupción abiertos hasta el momento en Granada. 

Con independencia del escrito presentado en el Juzgado pidiendo aclaraciones a la fianza, el empresario anuncia que presentará los recursos pertinentes.

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