El presidente del TSJA lamenta los "problemas de formación de Gobierno" y su repercusión en la mejora de la Justicia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha mostrado este martes su preocupación por el actual contexto de "interinidad política" y de "problemas de formación de Gobierno" que, con la añadida "parálisis institucional", repercuten en las expectativas de mejoras y reformas" en la Justicia.
Lorenzo del Río ha realizado esta reflexión durante su intervención en el acto de apertura del año judicial celebrado este martes en la Real Chancillería de Granada, al que ha asistido el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, entre otras autoridades.
El presidente del TSJA ha centrado buena parte de su discurso en la necesaria reforma de la Justicia, que requiere "de más medios y de distinta organización".
Ha llamado así a "conseguir pronto un debate democrático sobre el problema de la justicia y darle rango de problema de primera magnitud" para abordar asuntos como "cuánto dinero estamos dispuestos a gastar en justicia, cómo puede mejorar lo que tenemos y la calidad de nuestros jueces" y "cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para las importantes reformas organizativas".
Ha urgido así a recuperar el discurso que infundió el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del 28 de mayo de 2001. "Nos preocupa el contexto actual de interinidad política y problemas de formación de gobierno, con añadida parálisis institucional, que, sin duda, repercute en las expectativas de mejoras y reformas, aunque nunca impida seguir trabajando con profesionalidad en nuestros distintos ámbitos", ha sostenido.
Lorenzo del Río ha aprovechado además su intervención para dirigirse a los nuevos responsables en el Gobierno andaluz, competente en la gestión de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, para reclamarles un "impulso modernizador" en una de las comunidades más litigiosas de España.
Tras situar las necesidades de reforma en torno a tres grandes ejes: la organización judicial, el desarrollo tecnológico y las reformas procesales; se ha referido al caso concreto de Andalucía para añadir las infraestructuras judiciales, al entender que en este extenso territorio "es acuciante" acometer un ambicioso plan de actuación sostenido en el tiempo que permita renovar y adecuar los edificios judiciales.
El presidente del TSJA ha reiterado además su preocupación por la "erosión" de la confianza en la administración de justicia y ha llamado a revertir esta situación, advirtiendo de que "no cabe el desprestigio interesado de la justicia y la demagogia utilizada en muchos casos".
Narcotráfico
En el tradicional acto de apertura del año judicial también ha intervenido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que se ha referido al narcotráfico como uno de los delitos que mayor efecto tienen en Andalucía, tanto por ser la vía de entrada hacia Europa como por su implantación en el territorio, especialmente, en las zonas costeras y en Granada con el cultivo de la marihuana.
Para la Fiscalía es de especial preocupación por los delitos asociados que conlleva y la desestabilización que provoca sobre el territorio, recalcando que son organizaciones de crimen organizado con delitos tan graves como el blanqueo de dinero, tráfico de personas para explotación sexual y laboral y secuestros que provocan causas complejas de investigar.
Ha recordado que desde hace dos meses, y a propuesta suya, existe en Andalucía una fiscal delegada especial antidroga que va a coordinar los asuntos del narcotráfico, dado el elevado número de aprensiones de droga y detenciones que se han producido en esta comunidad.
La designación se efectúo con ocasión de la lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales asociado en la zona de la Bahía de Algeciras y aledaños, que evidenciaba que esta actividad delictiva transcendía del ámbito estricto del Campo de Gibraltar para extenderse a otros territorios de la provincia de Cádiz y en las de Málaga, Huelva, Sevilla y Granada.
Ana Tárrago ha hecho hincapié en que el número de causas abiertas "ha provocado un atasco judicial" al no coincidir con un aumento de personal funcionario para los trabajos de tramitación en los juzgados y en las fiscalías, por lo que ha pedido a la Administración que los apoyos o refuerzos sean en conjunto armonizados en todos los organismos que trabajan contra estas bandas organizadas.
En el ámbito de la igualdad, la fiscal superior ha precisado que actualmente de los 2.468 fiscales, el 64 por ciento son mujeres, pero esta cifra no encuentra reflejo en los cuadros directivos de la Carrera Fiscal donde las mujeres sólo representan el 37 por ciento y se ha referido al "desafío" que existe en este sentido.
Por otra parte, la fiscal superior de Andalucía se ha pronunciado sobre aquellos casos especialmente mediáticos en los que el Ministerio Público ha tenido que atender las peticiones de protección de familiares de víctimas "por la presión mediática que han ejercido algunos medios o por facilitar datos sensibles y sensacionalistas sobre el caso, que no aportan" ninguna información "en el esclarecimiento de los hechos".
Ha mostrado su deseo de que desaparecieran "estas prácticas que tanto dolor y daño producen a las víctimas y su entorno", al tiempo que ha reconocido, no obstante, que hay "un tratamiento informativo de respeto en los casos de víctimas de violencia de género".