Recogida de firmas en change.org a favor de la sociedad, que también ha recibido el apoyo de la concejala Pilar Rivas
Movilización por el futuro de la Sociedad Protectora de Animales
El nuevo modelo impulsado por la Diputación, encaminado según destaca la institución al sacrificio cero, saca a concurso el servicio que venía prestando la sociedad.
change.org
Campaña en change.org a favor de la Protectora.
El futuro de la Sociedad Protectora de Animales que gestiona la asociación 'San Francisco de Asís' tras finalizar la cesión por parte de la Diputación Provincial ha generado una movilización, con recogida de firmas en la plataforma change.org que ha reunido hasta este martes más de 6.500 firmas.
En un comunicado difundido a través de su página de facebook, la Protectora recuerda que lleva más de 50 años colaborando con la institución y que no es la primera vez que es 'desahuciada' por esta institución. La primera fue cuando tuvo que abandonar los terrenos en los que se construyó la nueva sede que ahora ocupa la Diputación. Entonces, en 2006, fueron trasladados a Fuente Vaqueros, a El Cortijo Peinado.
Según la Sociedad Protectora, esto le provocó un enorme perjuicio que les hizo perder socios, capacidad de alojamiento para los animales y dificultó las tareas para el voluntariado.
La Protectora critica a la Diputación, por no haber tenido en cuenta las décadas de colaboración, cuestiona el procedimiento que se va a abrir, porque entregará el servicio a una empresa privada, y subraya su preocupación por el futuro de los 83 perros y 23 gatos que cuida en la actualidad.
La Diputación asegura que la Sociedad fue informada y que podrá utilizar las instalaciones hasta final de año
Por su parte, en un comunicado, la institución provincial defiende que no se trata de un desahucio, sino que el periodo de cesión ha finalizado y se va a poner en marcha un nuevo modelo de gestión basado en el “Sacrifio Cero” y apunta que la Sociedad Protectora de Animales de Granada puede concursar, "en igualdad de condiciones, para volver a obtener el contrato y así fue informada en su momento". Se les comunicó el mes pasado y el fin de la cesión se hará efectivo en junio de este año.
La Diputación sostiene que la Protectora podrá seguir utilizando las actuales instalaciones hasta final de año.Sostiene que con el actual modelo y la cesión del Centro Provincial de Acogida a la Sociedad Protectora, el servicio provincial de recogida y alojamiento de animales abandonados se está prestando desde una instalación externa con su consiguiente coste. Y eso se produce a pesar de que la Diputación es la propietaria de las instalaciones que gestiona ahora de manera privada esta asociación. Según la institución, el objetivo del cambio de modelo es "adecuarse a la normativa actual y al estricto cumplimiento de la ley". La adecuación permitirá, agrega, "ampliar las instalaciones con lo que se podrá ampliar el número y la variedad de animales en el centro, y también el periodo de acogida". Esta mejora incluye la construcción de más perreras, para dar acogida a unos 100 animales a la vez, una zona de cuarentena, para animales recién llegados o enfermos, una zona donde albergar animales distintos a perros y gatos y nuevas zonas de esparcimiento y socialización para los animales alojados en el centro.
El nuevo contrato se realizará bajo la condición de Sacrificio Cero y en el proyecto se va a dar cabida no solo a una asociación, sino a todas las legalmente constituidas que están interesadas, apunta el comunicado.
También se incentivarán económicamente las labores en pro de la adopción a las asociaciones que participen en el programa y se realizarán convenios de colaboración y de voluntariado, con las asociaciones interesadas, para que se realicen labores de socialización de los animales, con vistas a su posterior adopción.
Por último, explica la Diputación, los costes de mantenimiento de la instalación, de recogida y alojamiento de los animales, serán por cuenta del adjudicatario del servicio, y las asociaciones se verán liberadas de asumir este gravoso aspecto, pudiendo dedicar todos sus esfuerzos y recursos, humanos y económicos, al bienestar y fomento de la adopción de los animales del centro.
Por su parte, en un comunicado, la institución provincial defiende que no se trata de un desahucio, sino que el periodo de cesión ha finalizado y se va a poner en marcha un nuevo modelo de gestión basado en el “Sacrifio Cero” y apunta que la Sociedad Protectora de Animales de Granada puede concursar, "en igualdad de condiciones, para volver a obtener el contrato y así fue informada en su momento". Se les comunicó el mes pasado y el fin de la cesión se hará efectivo en junio de este año.
La Diputación sostiene que la Protectora podrá seguir utilizando las actuales instalaciones hasta final de año.Sostiene que con el actual modelo y la cesión del Centro Provincial de Acogida a la Sociedad Protectora, el servicio provincial de recogida y alojamiento de animales abandonados se está prestando desde una instalación externa con su consiguiente coste. Y eso se produce a pesar de que la Diputación es la propietaria de las instalaciones que gestiona ahora de manera privada esta asociación. Según la institución, el objetivo del cambio de modelo es "adecuarse a la normativa actual y al estricto cumplimiento de la ley". La adecuación permitirá, agrega, "ampliar las instalaciones con lo que se podrá ampliar el número y la variedad de animales en el centro, y también el periodo de acogida". Esta mejora incluye la construcción de más perreras, para dar acogida a unos 100 animales a la vez, una zona de cuarentena, para animales recién llegados o enfermos, una zona donde albergar animales distintos a perros y gatos y nuevas zonas de esparcimiento y socialización para los animales alojados en el centro.
El nuevo contrato se realizará bajo la condición de Sacrificio Cero y en el proyecto se va a dar cabida no solo a una asociación, sino a todas las legalmente constituidas que están interesadas, apunta el comunicado.
También se incentivarán económicamente las labores en pro de la adopción a las asociaciones que participen en el programa y se realizarán convenios de colaboración y de voluntariado, con las asociaciones interesadas, para que se realicen labores de socialización de los animales, con vistas a su posterior adopción.
Por último, explica la Diputación, los costes de mantenimiento de la instalación, de recogida y alojamiento de los animales, serán por cuenta del adjudicatario del servicio, y las asociaciones se verán liberadas de asumir este gravoso aspecto, pudiendo dedicar todos sus esfuerzos y recursos, humanos y económicos, al bienestar y fomento de la adopción de los animales del centro.
En defensa de la Sociedad Protectora de Animales salió este lunes la concejala no adscrita de la capital, Pilar Rivas, que tachó de "populistas y engañosas" las actuaciones en protección animal del PSOE y su "socio" Ciudadanos.
La medida impulsada por la Diputación, tras prosperar la iniciativa de Ciudadanos, hará que sean "desahuciados en breve 83 perros y 23 gatos que se encuentran en las instalaciones a la espera de una familia", apuntó Rivas para enfatizar que la Protectora ha sido durante años "la única alternativa real al sacrificio cero", lo que además hace "de forma altruista".
Para Pilar Rivas, "contratar con una empresa el 'control y gestión de la fauna y plagas urbanas' sin hacer frente a las verdaderas causas del abandono solo tiene dos interpretaciones: o es humo, o los animales estarán hacinados y maltratados, eso sí, ya no estarán en las calles y los ciudadanos no verán el problema".
A su juicio, la protección, recuperación y puesta en adopción "nunca dará beneficios a menos que no sea ese el objetivo y eso lo sabe cualquier empresa".
Rechazó el argumento esgrimido por la Diputación de que la Sociedad Protectora podrá optar a la concesión, pues en el pliego administrativo se incluyen labores como desratización o desinsectación. "¿Qué asociación de protección animal puede concurrir a un contrato que abarca estas tareas?", se preguntó la concejala que también criticó al gobierno socialista de la capital por no convocar la comisión de bienestar animal.
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