La Asociación Justicia por la Sanidad, que preside el doctor Jesús Candel, estudia presentar directamente ante el Juzgado de Instrucción la denuncia archivada por la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en los conciertos firmados por el SAS con varias clínicas privadas para, según sostiene el colectivo, reducir las listas de espera.

Candel ha señalado en un comunicado que este archivo "no significa que las actuaciones denunciadas no sean ilegales" o que el colectivo "no tenga razón".

Así, el equipo jurídico de la asociación está analizando los motivos que han determinado el archivo de la denuncia, la primera del colectivo, y estudiará la posibilidad de presentarla directamente en el Juzgado de Instrucción.

"Seguimos con nuestro objetivo de presentar y denunciar todos aquellos hechos que consideremos que puedan ser constitutivos de delito. Así que Susanita y afines, tranquilicos. Los japoneses bombardearon primero Pearl Harbor", ha sostenido Candel, promotor de las manifestaciones masivas contra la fusión hospitalaria en Granada.

La Fiscalía de Granada ha archivado la denuncia por no apreciar delitos de prevaricación ni malversación en los conciertos firmados con varias clínicas privadas para, según los denunciantes, reducir las listas de espera entre 2008 y 2011.

La denuncia, presentada el pasado junio, aludía a supuestas irregularidades en la gestión de la lista de espera quirúrgica del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada a través de conciertos con las clínicas San Rafael, La Inmaculada y La Salud pese a que presuntamente "no reunían los requisitos para poder firmar estos acuerdos" al carecer de quirófanos, entre otras circunstancias.

El Ministerio Público lo ha descartado tras analizar la información remitida por la dirección gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves sobre los conciertos firmados con estas clínicas y los hechos denunciados.

La Asociación Justicia por la Sanidad presentó el pasado 10 de octubre una segunda denuncia, en esta ocasión ante el Juzgado, contra una decena de altos y exaltos cargos de la Junta por supuesta prevaricación continuada en los "nombramientos ilegales" realizados desde 2007 en la sanidad andaluza, incluyendo a la consejera de Salud, Marina Álvarez, y a la titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.