El Ministerio de Hacienda ha puesto fecha a las duras medidas que debe adoptar el Ayuntamiento de Granada para contener el agujero económico insoportable que padece. Las medidas se han ido demorando desde 2012, fecha en la que el anterior gobierno local del PP aprobó un plan de ajuste que se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha y la situación económica actual no aguanta más demoras. Hacienda conmina a la capital a que se comprometa en pleno antes del próximo 7 de abril a enjugar los números negativos en la caja municipal. 

El compromiso conlleva que el Ayuntamiento debe reducir en torno a 14 millones de euros anuales de aquí a 2020 para dejar a cero el remanente negativo de tesorería. Ahora asciende a 61 millones de euros, según la liquidación del presupuesto de 2016, pero según los cálculos del equipo de gobierno socialista, a final de este año podría llegar a los 70 u 80 millones. 

Si antes del 7 de abril adopta ese compromiso, Hacienda otorgará a cambio al Ayuntamiento de Granada una nueva prórroga para pagar los intereses que le debe por el dinero que recibió a través del Fondo de Liquidez, que el Gobierno central habilitó para municipios y autonomía, el llamado FLA, para pagar a sus proveedores. Unos elevados intereses que la capital debe comenzar a afrontar desde este ejercicio y que suponen entre 12 y 13 millones anuales. La prórroga que ofrece el Ministerio es de tres años. Pero a cambio le obliga a que haga recortes -los eufemísticos ajustes- durante cinco años.

En la práctica, el dinero que debería destinar a pagar los intereses de Hacienda se utilizarían para ir liquidando otra deuda, la de las obligaciones que ha ido acumulando el Ayuntamiento con proveedores o derivadas de sentencias por la errática política de anteriores mandatos. En definitiva, tener algo de liquidez para proyectarla en la economía real de la capital. 

En palabras del portavoz del gobierno socialista y responsable de Economía, Baldomero Oliver, el Ministerio plantea "una dinámica un tanto enloquecida para acelerar" el plan de ajuste y asumir obligaciones para los próximos cinco años. Para obtener "la ventaja" de los tres años de carencia, el compromiso debe aprobarse en pleno antes del 7 de abril, con el plan de ajuste complementario. 

¿Qué ocurre si no se aprueba en esa fecha? Pues que la capital puede intentar negociar con Hacienda un plan de saneamiento a más largo plazo, pero el Ministerio puede decirle que "las reglas del juego", ya estaban fijadas y por tanto no la aplica la carencia. A juicio de Oliver, eso podría poner al Ayuntamiento "al borde de la intervención y posiblemente recortes en servicios esenciales como el transporte o la recogida de basuras". 

A día de hoy, ha reconocido, el Consistorio se encuentra en una situación de "falta absoluta de liquidez". Aceptar las reglas de juego de Hacienda permitirían "paliar en parte" esa situación. 

El gobierno local reunirá el próximo lunes a los grupos municipales para plantear las directrices básicas que debería recoger ese plan de saneamiento y negociar la posibilidad o no de aprobarlo, con la finalidad última, ha afirmado el portavoz socialista, de "remontar en un futuro a medio plazo" y lograr "una situación económica desahogada y digna para la ciudad de Granada", tras "la irresponsabilidad" de 13 años de una gestión económica "nefasta". 

Sobre si confía en que sea posible ese consenso en tan poco tiempo. Oliver ha considerado que es momento de que cada grupo municipal ponga de manifiesto "el nivel de compromiso con esta ciudad". "Todos los grupos sabemos cuál es la situación y por qué estamos en esta situación", y también cuáles han de ser las medidas, que deben adoptarse tanto en materia de ingresos como gastos, buscando por un lado incrementar los ingresos y por otro contener el gasto.