Un albergue de Cruz Roja en Granada capital acoge temporalmente a un total de 82 personas refugiadas que han llegado en los últimos meses a la provincia donde, una vez pasado medio año, seguirán a los aproximadamente 40 que ya han buscado un piso con la ayuda de instituciones y asociaciones, procedentes todos ellos de una veintena de países de todo el mundo, principalmente de Ucrania, Venezuela y Siria, y de otros como Colombia, Chad, o Afganistán.

 

Son datos facilitados a Europa Press por la organización humanitaria Cruz Roja acerca de estas más de cien personas acogidas en la provincia y que han llegado a España por razones políticas, de raza, etnia u orientación sexual; son unidades familiares normalmente unipersonales -con la idea en muchos casos de, una vez estabilizados, poder reagrupar a sus familias que permanecen en sus países de origen- aunque también viajan algunos con menores de edad.

 

La Oficina de Asilo y Refugio del Gobierno estudia las tramitaciones de asilo solicitadas y, una vez concedidas, deriva a estas personas a las distintas provincias y es Cruz Roja la organización encargada de acogerlos en el marco de un acuerdo que también implica, en virtud de la nueva normativa específica para refugiados vigente desde el pasado mes de julio, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y a la asociación Accem.

 

Las familias que llegan a Granada han pasado previamente por una fase de "identificación y diagnóstico" que tramita CEAR y son acogidas temporalmente durante seis meses por Cruz Roja que valora las necesidades que tienen, les facilita una tarjeta médica, les enseña español para romper la "barrera idiomática" y, con talleres, les ayuda a familiarizarse con el nuevo entorno, explican las fuentes consultadas en Cruz Roja que indican que "los menores son prioritarios" escolarizándolos y garantizándoles la asistencia médica.

 

Son aproximadamente una docena de menores acompañados los que se encuadran actualmente en este programa que es diferente del que tiene como objetivo acoger a chavales no acompañados como los que llegaron a Motril en septiembre pasado.

 

Cumplir con el programa de refugiados es posible gracias al trabajo conjunto de abogados, psicólogos, y trabajadores del ámbito social y educativo que, de manera conjunta desde Cruz Roja, les dotan de herramientas para posteriormente dar un "paso de autonomía" en el que, en una segunda fase, tendrán que buscar piso y un sustento. Cuentan para ello con el apoyo, en el caso de la capital granadina, del Ayuntamiento que, en esta materia, trabaja en red con, entre otras entidades, asociaciones de derechos humanos implantadas en la ciudad, como Granada Acoge o Amnistía Internacional, y con instituciones religiosas como las parroquias o la mezquita.

 

Abordan las necesidades de este colectivo en reuniones abiertas en "una mesa de coordinación" en la que se cuenta también, según la información facilitada a Europa Press por la concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez, con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial con la idea de contribuir a que estas familias puedan acceder a viviendas sociales.

 

Desde el Ayuntamiento se coordina "toda la intervención y poniendo a su disposición todos los recursos que tenemos para atenderles" a través de Servicios Sociales, ha explicado Jemi Sánchez que ha indicado que, a medida que, conforme estas personas "están saliendo" del albergue de Cruz Roja "se les está buscando piso", también en municipios del Área Metropolitana "que están dispuestos a acoger" lo cual les permite seguir con el "itinerario de aprendizaje del español" que siguen en el marco de este programa que también marca itinerarios laborales y de integración.

 

En diciembre, salieron del albergue unas 15 personas, que fueron sustituidas por otras tantas, en distintos días. Las 31 unidades familiares con aproximadamente 40 vecinos de la provincia que, siendo refugiados, viven ya de forma independiente lo hacen en la capital pero también en localidades como Armilla o Baza, informan las fuentes de Cruz Roja que defienden el trabajo en red con administraciones y otras asociaciones como forma también de "optimizar recursos" en estas fases posteriores a la acogida.