Sindicatos piden un salario mínimo de 1.200 euros en la Administración del Estado

E+I+D+i - IndeGranada - Martes, 5 de Junio de 2018
Concentración sindical frente a la Subdelegación del Gobierno.
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Concentración sindical frente a la Subdelegación del Gobierno.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este martes frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar mejoras retributivas, más empleo público y recuperación de derechos laborales en la Administración del Estado, una concentración que responde al llamamiento que los sindicatos han lanzado en todo el territorio nacional en defensa de los servicios públicos.

CCOO, UGT y CSIF exigen en Granada una subida salarial lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional, "medidas adicionales imprescindibles en materia retributiva que son precisas adoptar", dicen en una nota. Además, reivindican los sindicatos la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral con el personal funcionario de la Administración General del Estado.

Los sindicatos denuncian que la Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

"Esto ha provocado un grave deterioro de los servicios públicos, que es necesario atajar porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía". Las organizaciones convocantes coinciden en señalar que el personal público es quien garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social.

Por eso, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos diez años, que supera el 14%, proponen un incremento salarial lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado.