Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG, rganizaciones mayoritarias en la cárcel de Albolote, han valorado positivamente la primera jornada de Huelga convocada, a fin de instar al Gobierno al "desbloqueo del conflicto laboral" que desde hace más de un año mantiene con la Administración Penitenciaria. El seguimiento ha resultado del 50 por ciento en el CIS Matilde Cantos y del 100 por ciento en la prisión de Albolote. 

Insisten en la necesidad de abordar "una negociación real", tras la propuesta presentada por la Administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada tan solo tres días después "bajo el argumento de restricción presupuestaria", al suponer un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.

"Los trabajadores y trabajadoras de prisiones nos encontramos absolutamente indignados; entendemos que desde la Administración se ha faltado al respeto a los empleados y empleadas de las prisiones, y es por ello que hemos convocado una serie de medidas de presión en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15)", explican en una nota de prensa.

Igualmente, consideran que el diálogo iniciado con el actual partido en el Gobierno, así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales "ha quedado truncado".

Para los sindicatos, "el Gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo. Reconociendo, de la  misma forma, que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda".

Los sindicatos han tachado de "abusivos" los servicios mínimos que deben "soportar" como funcionarios públicos y que, en sus palabras, "impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga". "No es comprensible que en un día de huelga entren a trabajar más funcionarios en el interior de los establecimientos que cualquier día del año", aseguran. 

"Lamentablemente, para la Administración Penitenciaria en sintonía con el Ministerio del Interior, los empleados públicos penitenciarios somos los últimos", indican.