Unos daños que fueron ocultados por Adif en el informe de impacto ambiental de 2014, y cuyos efectos en la flora y fauna pueden ser desastrosos según han constatado los representantes socialistas durante una visita a la zona del paso a nivel de Plines, donde las máquinas y los últimos materiales de obra se retiraron hace dos semanas.

 

Tras recordar que el proyecto de acondicionamiento de la vía convencional por Loja fue adjudicado por Fomento con una baja temeraria -salió a concurso por un importe de 48 millones y se adjudicó por 24-, el parlamentario socialista Miguel Castellano ha tachado de “disparate” la planificación de Fomento. Así, al “altísimo coste” que está teniendo la actuación del PP con el aislamiento ferroviario de Granada y la paralización de los trabajos en Loja se suma, según Castellano, un fraude con repercusiones medioambientales y para la seguridad de las personas que pueden ser nefastas.

 

Y es que el desdoble de la carretera autonómica que une Loja con Iznájar para posibilitar el trazado del AVE conllevó la creación de grandes taludes de tierra, ahora abandonados y cuyo desprendimiento sobre el cauce del Genazar por las típicas tormentas de verano pueden provocar inundaciones, la contaminación de las aguas y graves daños a las piscifactorías próximas.

 

Castellano ha incidido en que tenemos una vía muerta y abandonada después de siete meses de inactividad en este trazado que supone, ha afirmado, “un auténtico desaguisado, un bochorno y una humillación a Granada”. “Estamos hablando del tráfico ferroviario, pero también del medio ambiente, del peligro a la población por la posible contaminación, del riesgo de inundaciones y de graves problemas a la que nos ha conducido la derecha por hacer un disparate, que supone también un derroche económico”, ha agregado.

Un despropósito amparado por el PP de Granada, que ha consentido, ha lamentado, que el Gobierno en funciones y la que hoy es presidenta del Congreso, Ana Pastor, humillen a esta provincia.

“Cerrojazo” presupuestario

 

Por su parte, el diputado Gregorio Cámara ha incidido en que el “cerrojazo” presupuestario a mitad de año, cuando habitualmente se hace a principios de noviembre, implica la imposibilidad de comprometer cualquier nuevo gasto, lo que arroja gran incertidumbre sobre la prestación de servicios públicos y en materia de las infraestructuras comprometidas.

 

A su juicio, la solución al AVE se aleja desgraciadamente cada vez más por la nefasta política del Gobierno del PP en esta materia, como en tantas otras. “Llevamos ya 16 meses de aislamiento ferroviario y estamos hartos de tanta injusticia y de tanta incompetencia”, ha señalado para advertir de la situación de acusada discriminación territorial en relación a este servicio, que genera serios perjuicios a la ciudadanía, al turismo y al potencial económico de nuestra provincia.

 

Cámara ha señalado que al oscurantismo, al ninguneo y a la política errática del PP se suma ahora la completa paralización de las obras y al aplazamiento hasta, como mínimo, un indefinido momento de 2017 en función de si se modifica el proyecto o se adjudica de nuevo. “Este es el desastre al que nos han conducido ADIF, Fomento y el Gobierno del PP”, ha criticado.

 

El grupo parlamentario socialista presentará nuevas iniciativas en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones por esta situación y para conseguir que Granada salga del aislamiento ferroviario y cuente con un AVE de verdad.

Por su parte, el presidente de la Plataforma ‘Ave sí, pero no así’, Gonzalo Vázquez, ha incidido en que el Genazar es uno de los ríos más importantes de la ciudad y ha tachado de “esperpéntica” una situación a la que se une, además, la posible contaminación del acuífero de Loja.

 

Por ello, ha avanzado que el colectivo llevará a la Mesa del Ferrocarril una propuesta para solicitar a la Agencia Europea del Ferrocarril, encargada de avalar la seguridad de este tipo de infraestructuras en Europa, que emita un informe respecto a la viabilidad del trazado.

Además, la plataforma denunciará los hechos ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).