El Ayuntamiento de Monachil va a solicitar al Gobierno de España adherirse al Fondo de Ordenación para Entidades Locales para poder pagar los 6 millones de euros que debe a dos empresas constructoras por sendas sentencias judiciales relacionadas con licencias urbanísticas en la época del ‘boom’ del ladrillo, entre los años 2004 y 2007, cuando gobernaba el Partido Popular, según indica en una nota. La inclusión en ese fondo permitiría al Ayuntamiento obtener financiación especial del ICO para hacer frente a esas sentencias.

Se trata, en palabras del alcalde monachileño, José Morales, de “la última alternativa que nos queda para evitar que el Juzgado intervenga nuestras cuentas y embargue los bienes del Ayuntamiento, lo que en la práctica significaría dejar de prestar servicios a nuestros vecinos”.

Además, y para poder pagar estas sentencias judiciales, el Ayuntamiento se verá obligado a subir el tipo impositivo del IBI por primera vez desde 2013, pasando del 0,591 al 0,65, “una medida que no nos gusta nada, pero a la que nos hemos visto obligados para recaudar unos 400.000 euros anuales extra que servirán para pagar estas sentencias”.

El Ayuntamiento de Monachil también aprobará antes de que finalice el año la ampliación de la zona azul en la Urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, “que también permitirá recaudar otros 180.000 euros para afrontar estos pagos judiciales y que, como la subida del IBI, revertiremos en tan pronto como nos sea posible”, señala Morales.

Edificio Marisol y calle Tejares

La primera de las dos sentencias que el Consistorio debe pagar es la del denominado Edificio Marisol, que el PP autorizó construir en noviembre de 2004. Se trataba de un bloque de 84 apartamentos ubicado en una parcela de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, cuyas obras fueron paralizadas "por irregularidades en la concesión de la licencia de obras". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó por ello al Ayuntamiento de Monachil a pagar a la constructora Serralbol S.L. más de 4,5 millones de euros, incluyendo los correspondientes intereses.

La otra sentencia urbanística a la que el Ayuntamiento debe hacer frente se refiere a un edificio de viviendas en la calle Tejares, "que el PP autorizó construir de manera ilegal, y por el que los vecinos de Monachil tendrán que abonar a la constructora Ferteban más de 1,5 millones de euros", dice el Ayuntamiento. 

A estos 6 millones de euros de sentencias urbanísticas hay que sumarles, además, los 8 millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tenía con los bancos y proveedores, “y que nos encontramos cuando entramos a gobernar en 2015", señala Morales. "Pese a todo, en los últimos cuatro años hemos logrado reducir esta deuda con los proveedores en más de 3 millones de euros, y hemos pagado más de 600.000 euros de la primera de estas sentencias judiciales, a razón de 19.000 euros mensuales”, dice el alcalde.

El alcalde de Monachil confía en que el Gobierno apruebe la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación para Entidades Locales “para poder afrontar esta deuda de 14 millones de euros que es sin duda una enorme losa para Monachil y para las políticas que este Equipo de Gobierno quiere desarrollar en esta legislatura”.