La nueva convocatoria de Formación Profesional para el Empleo primará el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad, con los que puedan hacer valer su cualificación profesional en todo el territorio de la Unión Europea (UE), y como garantía de la utilidad de la formación recibida a la hora de acceder a una oferta de empleo.

Esta es una de las principales novedades de la nueva convocatoria de Formación Profesional para el Empleo, dirigida tanto a personas trabajadoras desempleadas como ocupadas, cuya orden de bases reguladoras publica este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), junto a la nueva normativa de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Con la publicación de ambas órdenes, según señala la Junta en una nota, el Ejecutivo andaluz cumple el plazo previsto para reanudar la programación de acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo durante este año 2016, cuyas convocatorias superarán los 142 millones de euros, que se dividirán entre los 50,3 millones de euros para el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo; los 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados y los 20,6 millones para acciones dirigidas a trabajadores ocupados.

La puesta en marcha de estas convocatorias se une al resto de medidas emprendidas por la consejería de Empleo, Empresa y Comercio para favorecer la creación de empleo, objetivo prioritario de la Junta de Andalucía, entre ellas la Ley de Medidas Urgentes para favorecer la creación de empleo (programas Emple@Joven y Emple@30+), la próxima convocatoria de Construcción Sostenible, las órdenes de incentivos de IDEA a las empresas para el fomento del empleo, las nuevas líneas de apoyo para el sector comercial o el impulso al sector de la minería para la reapertura de explotaciones e investigaciones de nuevos yacimientos.

Entre las novedades que incorpora la nueva convocatoria de acciones de Formación Profesional para el Empleo destaca el diseño de unos criterios de baremación cuantificables que garanticen la concurrencia competitiva a la hora de acceder a las subvenciones para la realización de cursos, así como la imposibilidad de poder subcontratar las acciones formativas por parte de la entidad beneficiaria.

Igualmente, la normativa reguladora fija una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.

"La concesión y los pagos estarán sometidos en ambos programas a las máximas garantías de control con un procedimiento de fiscalización previa", según ha señalado la Junta en una nota. La justificación final de las subvenciones se realizará mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor.

En el caso de las entidades locales, se llevará a cabo mediante certificado del interventor de dicha administración pública. Esta justificación deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización de la programación establecida. Estas medidas cuentan con el informe favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Además, las entidades beneficiarias deberán estar debidamente acreditadas para impartir la formación para el empleo, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.

Actualmente, la Junta ultima la definición de las especialidades prioritarias en las convocatorias, para atender las necesidades de cualificación de trabajadores en cada territorio, en atención a las demandas de los empresarios de los diferentes sectores productivos. El objetivo es que la formación para el empleo sea un instrumento al servicio de la mejora de la competitividad de las empresas y del impulso de sectores productivos dentro de una estrategia de desarrollo económico de Andalucía.

Proyectos de formación y empleo

El BOJA también publica este martes la nueva orden que regula los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, y establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la puesta en marcha de dichos programas, en régimen de concurrencia competitiva. La nueva convocatoria de estos proyectos contará con una inversión superior a los 50,3 millones de euros.

Las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo son programas mixtos de empleo y formación cuyo objetivo es mejorar la ocupabilidad de los desempleados (jóvenes menores de 25 años en los dos primeros casos, y mayores de 25 años en los talleres de empleo) con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

Se trata de proyectos de carácter temporal en los que se alternan la formación con el trabajo productivo, y en los que los participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social.

Los proyectos constan de dos etapas, una primera etapa formativa de iniciación, en la que el alumno trabajador recibirá formación profesional adecuada a la ocupación y recibirá una beca y, una segunda donde se complementa su formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, siendo contratados por las entidades promotoras de los proyectos.

Los proyectos deben desarrollar productos o servicios de utilidad pública o de interés social, que posibiliten a los alumnos trabajadores la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional para el empleo que reciben, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.

En el caso de las escuelas taller los proyectos estarán relacionados con actividades de recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; o la recuperación o creación de infraestructuras públicas.

En el caso de las casas de oficio, con en el mantenimiento y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio ambiente; la recuperación o creación de infraestructuras públicas; o la mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y comunitarios. Finalmente, los Talleres de Empleo se centrarán en actividades de interés público, social o artesanal que permitan la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes.

Los proyectos podrán ser promovidos por corporaciones locales, consorcios o entidades de derecho público y asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

La nueva norma mejora el proceso de selección del alumnado y del personal que imparte las acciones formativas, y establece la justificación de la subvención, en el caso de entidades locales, mediante certificado del interventor de dicha administración pública.