El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, ha mostrado su “especial preocupación” por la situación financiera del Ayuntamiento de Granada, que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, a fecha de julio, se ha convertido en el segundo ayuntamiento de una capital de provincia española con mayor período medio de pago a proveedores, 138 días, sólo detrás detrás Jaén (515 días), aunque también le supera otra ciudad importante andaluza, Jerez de la Frontera (299 días). 

“Acabamos de conocer que el Ayuntamiento granadino tarda en pagar a sus proveedores 137,68 días de media, que es más de cuatro veces del techo legal. Es una situación inasumible para las empresas que debemos atajar”, sentencia Cuerva. 

El periodo medio de pago se ha ido incrementando en la capital desde los 87 días que tardaba en enero de este año, a 116 en febrero, 120 en marzo y 131 en en abril, hasta superar los 138 en julio.

Según los datos del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, los ayuntamientos continúan siendo las administraciones públicas que acumulan un mayor retraso en el pago de sus facturas a los proveedores, aunque los plazos medios se han reducido de 107 días en el tercer trimestre de 2016 a 87’6 días en el primer trimestre de este año, todavía muy por encima de los 30 días que establece la Ley.

En las comunidades autónomas, los plazos de pago se redujeron hasta los 57 días, mientras que en los organismos y entes públicos dependientes de la Administración General del Estado aumentaron hasta los 55’9 días. La administración central presenta los menores retrasos de pago del conjunto de las administraciones públicas, con una media de 48’7 días.

Perjuicio para las empresas

“No podemos permitir que sean los proveedores los que financien a las administraciones, mucho menos cuando se trata de pymes y autónomos”, aseguró el presidente de la CGE, que advirtió que, en muchos casos, “son las empresas las que pagan los problemas de gestión de las administraciones, sobre todo de las corporaciones locales”.

El presidente de la CGE advierte del “profundo daño y el perjuicio económico” que la morosidad de las administraciones públicas causa en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes se enfrentan a retrasos en los pagos que son imposibles de asumir y que, en muchos casos, las condenan a una complicada situación financiera”, lamentó Cuerva, que recordó que casi el 31% de las empresas señala la morosidad como el aspecto que impacta más desfavorablemente en sus negocios.

Gerardo Cuerva, que pidió una mayor implicación de todos los agentes políticos y económicos para sacar adelante medidas que combatan la morosidad, recordó que “desde las organizaciones empresariales llevamos años advirtiendo del enorme daño que ocasiona a las empresas la morosidad de la Administración Pública, que incumple sistemáticamente la ley en lo relacionado con el período de pago a proveedores”, lamentó Cuerva.