También se aprobó la revisión inicial de las ordenanzas fiscales para 2018, en una votación que repitió el mismo resultado que el plan de juste, en un pleno que no llegó a las dos horas de duración.

El plan que presentará al Gobierno central permitirá absorber los 90 millones de euros de remanente negativo de tesorería de las cuentas municipales en los próximos cinco años, con la reducción de gasto corriente o en el transporte público, y la renegociación de contratos públicos como el de limpieza. Del montante total, el Ayuntamiento debía hacer frente a corto plazo a 36 millones. Con ello, el Ayuntamiento evita la intervención de hecho de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda.

No hubo sorpresas, después del anuncio realizado por los portavoces de los cinco grupos que conforman la corporación municipal de Granada de la intención de su voto, aunque sí debate y reproches cruzados por lo que el ajuste implica en la prestación y la calidad de servicios municipales.

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Pleno municipal extraordinario, celebrado este lunes. Indegranada

Ni al propio gobierno socialista le gusta el plan que propuso, pero como expuso el concejal de Economía, Baldomero Oliver, posibilitará al Ayuntamiento “seguir haciendo política”, pese al “sacrificio” que reconoció, suponía las medidas a aplicar.

El teniente de alcalde de Economía apeló a la necesidad del plan de ajuste y que los grupos pusieran por encima los intereses de la ciudadanía a cualquier sigla.

Resaltó que las medidas de inspección tributaria que se pondrán en marcha supondrán una cuarta parte del 20 por ciento del remanente negativo de tesorería que se pretende absorber en el próximo ejercicio. Es, en cualquier caso, un "documento vivo y revisable anualmente", subrayó.

Desde el PP, el concejal Francisco Ledesma, responsable de la parcela económica cuando gobernaban, justificó la abstención de su grupo, clave para la aprobación, al aludir a la “responsabilidad de gobierno”: “Le doy la bienvenida a la responsabilidad de gobierno”, le dijo Ledesma a Oliver.

El portavoz económico del PP, no obstante, reprochó a los socialistas que no actuaran como ellos esta tarde cuando gobernaban y pedían, por ejemplo, bajar el IBI desde la oposición.

Todos los grupos de la oposición censuraron al PSOE que aumentaran el periodo de pago a los proveedores, uno de los grandes perjudicados de las medidas, puesto que las grandes empresas, como Rober o Inagra, pueden acumular intereses de demora.

Desde Ciudadanos, que votó en contra, su portavoz, Manuel Olivares, recriminó al gobierno local y al anterior del PP que no se cumplieran los anteriores planes de ajustes y recordó que los precedentes fueron aprobados en 2012 y 2013: Justificó su voto en contra a ambos expedientes en que se posicionan en contra de la "subida de impuestos".

Pilar Rivas, portavoz de Vamos, Granada, lamentó que los socialistas siguieran la línea del PP con el “austericidio” y que se hubiera perdido una “oportunidad de oro” para acabar con los “derroches” y dar paso a impuestos progresivos. El plan es "una suma estanca de sumas y restas para conseguir el beneplácito del Ministerio de Hacienda", de tal modo que el Ayuntamiento se sigue "endeudando" con "el objetivo de la estabilidad presupuestaria" que es "más bien el estancamiento y absoluto colapso de la economía local", agregó.

Muy crítico fue el portavoz de IU, Francisco Puentedura, que se centró en la reducción del empleo, mientras, dijo, los socialistas mantenían “las redes clientelares” que el PP tejió en sus mandatos, que cifró en 200 puesto “a dedo”. En su razonamiento, lo que realmente lo que necesita el Ayuntamiento de Granada es un plan de saneamiento que "garantice la suficiencia financiera de todos los servicios públicos que tiene que prestar", mientras que el plan de ajuste significa recurrir a "la vía de la puerta de atrás" sin resolver los "problemas estructurales".

El plan de ajuste que se va a presentar al Gobierno central

Mantiene los tipos de gravamen de todos los impuestos y tasas en los mismos términos del año pasado, y en las mismas condiciones, si bien, con la actualización de los valores catastrales, está previsto que el IBI suba un cuatro por ciento, mientras que la bonificación del cinco por ciento a esta misma tasa será aplicada en función de una "tabla de progresividad".

Otra de las medidas es bonificar un 80 por ciento del impuesto de bienes inmuebles a los equipamientos de interés cultural de consorcios o entidades participados por el Ayuntamiento de Granada, como el Parque de las Ciencias o el Centro Lorca, mientras se "carga contra los ciudadanos" en el cobro del IBI, según expusieron el pleno la oposición de izquierda.