El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado hoy, por unanimidad, la convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2022-2023, con un presupuesto máximo de 20,4 millones de euros. El vicepresidente tercero y diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha explicado que esta convocatoria anticipada tiene por objeto agilizar la tramitación de los proyectos “para que las inversiones lleguen lo antes posible a los municipios e incidan en el empleo y en la mejora de las instalaciones de toda la provincia”. 

“Las administraciones tenemos que volcarnos en la reactivación de la actividad económica y el empleo y por ello anticipamos la convocatoria, con el objeto de que en enero de 2022 puedan comenzar todas las obras que sean posible”, ha afirmado Villegas.

La convocatoria aprobada establece que los ayuntamientos no tienen que cofinanciar las obras y que las bajas procedentes de las adjudicaciones se reinviertan en las entidades locales. Además, contempla que la distribución de los fondos se realizará de acuerdo con los criterios de población de cada municipio, así como el número de núcleos de población de cada uno y la tipología de la actuación.

El diputado de Obras Públicas y Vivienda ha destacado que se trata de un plan de cooperación con todos los ayuntamientos de la provincia, que contará con una aportación de la Diputación de entre 17 y 20,4 millones “en función de la tipología de la actuación que decidan los ayuntamientos”. Según ha explicado, “si los ayuntamientos deciden invertir en servicios municipales obligatorios, con dotación media baja, la financiación de la Diputación será mayor que si deciden realizar la inversión en servicios municipales no obligatorios”.

Ampliación del Plan Progresa

En la sesión de hoy también se ha aprobado la ampliación hasta el 31 de agosto de 2023 del Plan de Inclusión Activa Progresa, en el que trabajan conjuntamente las áreas de Desarrollo y la de Bienestar Social de la Diputación. Este plan, que viene desarrollándose desde el curso escolar 2016/2017, consiste en facilitar prácticas profesionales y formación específica a jóvenes menores de 30 años de la UGR para desarrollar actuaciones de acompañamiento socioeducativo a menores y adolescentes de la provincia en situación de vulnerabilidad social. 

Hasta la fecha, 611 estudiantes universitarios se han cualificado como monitores de atención socioeducativa de menores y jóvenes y se ha atendido en un proceso de acompañamiento socioeducativo a aproximadamente 400 menores y adolescentes de la provincia, en los municipios del ámbito de actuación de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Alfacar, Alhama, Alpujarra, Costa, Huétor Tájar-Montefrío, Montes Orientales, Norte, Pinos Puente-Moclín, Río Fardes-Pedro Martínez-La Calahorra, Santa Fe, Sierra Nevada, Valle de Lecrín- Ogíjares, Vega Temple y Vegas Altas.

Mociones 

El pleno ha aprobado también varias iniciativas presentadas por los diferentes grupos políticos de la corporación. Así, ha sido aprobada una moción conjunta de los grupos del PSOE, Izquierda Unida y Adelante, con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, en la que la Diputación insta a la Junta de Andalucía al cumplimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y reclama que impulse con financiación suficiente la difusión, divulgación e investigación científica sobre Memoria Histórica y Democrática. En la iniciativa, también solicitan al Gobierno andaluz que promueva la institucionalidad del 14 de junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática, para que se conmemore en todos los organismos públicos de la comunidad. Además, instan a la Junta de Andalucía a reabrir las oficinas provinciales de Memoria Histórica para atender a víctimas, familiares y asociaciones representativas de estas, y que se ponga en marcha, como actuación preferente, la segunda fase de exhumación del proyecto Barranco de Víznar.