Ante las estadísticas hechas públicas por el SEPE correspondientes a nuestra provincia, que reflejan 1.721 parados menos, Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, opina que aunque es bueno que el paro descienda,  hay que poner el acento en el tipo de empleo que se está creando: de carácter temporal y precario, fruto de la estacionalidad estructural que sufre históricamente la provincia de Granada, debilidad que sólo podrá superarse  con un cambio de modelo productivo en nuestra economía que tenga como ejes vertebradotes la innovación y la formación de los trabajadores y trabajadoras, apostando por la industria y el sector TIC  con el fin de alcanzar un empleo estable y de calidad. Porque, aunque descienda el paro, se está olvidando muy rápido que hay casi 80.000  granadinos y granadinas que están en desempleo, y que la precariedad está generalizada.

Por ello, el representante de UGT ha reclamado que desde las administraciones públicas  se recupere de una vez por todas  una agenda social que ponga en primer lugar a los desempleados y desempleadas, y que suponga un cambio de políticas, con el fin de repartir la riqueza que se genera, crear empleo de calidad, apostar por empleos y salarios decentes y aumentar los niveles de igualdad y bienestar de la población de la provincia.

En este sentido, para el sindicalista, los elementos fundamentales a abordar son la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, con la restauración de la ultraactividad, que el convenio sectorial esté por encima del de empresa y recuperar las causas objetivas en los despidos y la autorización previa de la Administración. También, Martín (UGT) exige a la patronal que no solo cumpla con la subida del SMI en todos los convenios, sino que lo sitúe en 1.000 euros en 2020 como se firmó en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El representante de UGT concluye que a pesar de la mejora de los datos de empleo que hemos conocido  hoy, desde  el sindicato se rechaza  la reducción por parte de la Junta de Andalucía de un 15%  en el gasto en políticas de empleo, y se entiende que es obligatorio y urgente poner en marcha un Plan de Choque por el empleo que profundice en la protección de las personas, fortalezca el papel de los servicios públicos de empleo y mejore la empleabilidad e inserción de las personas que se encuentran desempleadas.