CSIF Granada ha presentado una denuncia por presunta vulneración de los derechos de los trabajadores contra el director del Centro Penitenciario de Albolote, Jaime Hernández, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. La denuncia se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada.

Según ha informado en una nota de prensa el sindicato, en la denuncia se expone que en diciembre y enero pasados, "la dirección del centro dio orden directa de incorporación inmediata al puesto de trabajo a los funcionarios, obligándoles a cumplir turnos y jornadas laborales por más de 24 horas, incumpliendo los descansos mínimos establecidos por ley, y obligándoles a realizar turnos de trabajo dobles". 

El responsable de Administración General del Estado (AGE) del sindicato, Francisco Amaya, ha criticado "la grave irresponsabilidad mostrada por el director de la cárcel al asignar funciones de alta responsabilidad a los funcionarios en prácticas, sin estar acompañados y supervisados en todo momento por funcionarios de carrera con antigüedad o experiencia suficiente para hacer frente a cualquier imprevisto, poniendo en jaque su salud y seguridad al igual que la de los propios internos".

Amaya ha denunciado que "esta modificación de turnos y llamamientos a personal en prácticas se hizo sin contar con los representantes sindicales ni con el Comité de Seguridad y Salud bajo la única excusa de cubrir las necesidades del servicio y de una situación de emergencia".  

De igual modo, ha añadido, "el director obligó a aquellos funcionarios que estaban indispuestos, con una recomendación médica de reposo por enfermedad, a incorporarse inmediatamente al día siguiente sin respetar turnos de trabajo ya establecidos anteriormente, modificando el calendario laboral de forma arbitraria y desatendiendo su conciliación familiar y laboral. Todo ello mientras que los cargos directivos de la prisión disfrutaban de sus vacaciones navideñas, algo incomprensible si realmente el centro estaba sin efectivos y en situación de máxima alerta". 

CSIF ha considerado estos hechos "propios de una actitud abusiva, injustificada e irresponsable por parte de la dirección, que pudo evitarse con una organización previa de los turnos de trabajo y distribución del personal sin vulnerar los derechos de los trabajadores".

Ante esta denuncia, la Inspección Provincial de Trabajo, según el sindicato, "ya ha requerido al centro penitenciario a realizar, en un plazo máximo de tres meses, una evaluación de riesgos psicosociales actualizada con la participación de los delegados de prevención tras conocer que esta situación ha generado episodios de estrés y ansiedad entre la plantilla de la prisión".

Nota de la redacción: En una versión anterior se indicaba que la denuncia se había presentado ante la Fiscalía por un error de la fuente informante ya corregido.