Ante la incorporación presencial del 60 por ciento de la plantilla del personal de Justicia en Granada a partir de este miércoles -alrededor de 690 trabajadores de un total de 1.150 en la provincia-, CSIF ha denunciado que "hasta el día de hoy se han hecho mediciones en las sedes judiciales y la Administración ha remitido una propuesta a la Dirección General de Oficinas Judiciales y Fiscales, pero las medidas de protección para la plantilla siguen sin llegar y no se garantizan las distancias de seguridad entre los puestos de trabajo".

En concreto, la responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, critica "la premura en la planificación y en las decisiones adoptadas y trasladadas por la Consejería de Justicia, más aún sin contar con que las provincias de Granada y Málaga aún estamos en fase 1 y se nos aplican criterios sanitarios de la fase 2 desde el punto de vista laboral".

Esta situación "nos deja hoy escenas como la de los juzgados de familia de La Caleta con despachos de hasta diez trabajadores sin poder guardar distancia de seguridad ni disponer de mamparas entre ordenadores, totalmente masificados y con una sola ventana para ventilar la habitación”, según Martín, que ha dicho que esperan "con urgencia un protocolo o medidas para descongestionar estos espacios de trabajo con desdobles y traslados de oficinas a la zona central del edificio, todo ello sin pensar en cómo la administración va a evitar que en las salas de vista se concentren hasta 50 o 60 personas para los juicios".

CSIF considera que la Junta "ha vulnerado la negociación con los representantes de los trabajadores" y por ello ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial "para abordar una serie de aspectos decididos unilateralmente por parte de la Administración y comunicados a los representantes sindicales como hechos consumados a última hora de ayer".

Además, el sector de Justicia de CSIF Granada recuerda que "aún siguen sin hacerse los test diagnósticos que hemos pedido previos a la incorporación del personal y que se encuentran a la espera de su uso en el Instituto de Medicina Legal en un número insuficiente para cubrir a todo el personal". Por ello, avisa de que “estará en cada centro comprobando que se cumplen las condiciones de seguridad", y que, en caso negativo, dirigirá denuncia a los comités de Seguridad y Salud correspondientes y a la Inspección de Trabajo.