El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía han acordado este martes consolidar mecanismos de colaboración en la inspección que desarrolla la Consejería de Turismo, con el fin de atajar la problemática de las viviendas turísticas ilegales. Esta actuación llevaría consigo sanciones de hasta 150.000 euros. 

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad durante la reunión de trabajo convocada por el alcalde, Francisco Cuenca, que se ha desarrollado hoy en el Ayuntamiento y en la que también han participado el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret; Guillermo Quero como delegado de Turismo de la Junta de Andalucía; y los titulares de concejalías de Urbanismo y Turismo del Consistorio. 

Todas las partes han manifestado que no se trata de "criminalizar a nadie", sino de "poner coto a aquellos que no desean cumplir la ley y que, además, hacen una competencia desleal e ilegal a quienes sí pagan sus impuestos y trabajan por el bien del turismo y por su repercusión en la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La ciudad de Granada, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, cuenta con un total de 1.1151 alojamientos turísticos inscritos en el Registro Autonómico, lo que supone el 40 por ciento del total de la provincia. De esos alojamientos se desprende que el total de camas que ofertan está por encima de las 5.000. 

Para Cuenca “lo importante es poder saber qué oferta hay más allá de esas 5.000 camas y por ello hoy les hemos ofrecido a las partes reunidas, tanto nuestra lealtad en el trabajo de detección de la oferta clandestina, apoyando en la medida de nuestras posibilidades la tarea inspectora de la Junta en este sentido, como nuestra voluntad  de abordar una regulación jurídica complementaria en este asunto, precisamente ahora que estamos a tiempo”. 

Todos los asistentes han coincidido en que el debate sobre este modelo turístico es mucho más profundo y sobrepasa el ámbito municipal y autonómico, por lo que han demandado al Gobierno de España que concrete un marco jurídico  unitario para todas las comunidades autónomas. 

“Continuaremos este proceso para garantizar un turismo de calidad, sostenible y regulado, que favorezca la competencia leal de todos los operadores turísticos y que contribuya a que la industria del turismo siga siendo un sector económicamente rentable para la ciudad de Granada, pero también sostenible para garantizar la mejor calidad de vida para todos sus vecinos y vecinas”, ha concluido el alcalde.