Unas 1.100 personas empleadas en la Administración de Justicia en Granada, según datos de CSIF, están convocadas a la huelga general del sector en España este viernes 16 de noviembre, una movilización promovida, además de por CSIF, por el resto de organizaciones mayoritarias: CCOO, UGT y STAJ.

El objetivo del paro, a jornada completa, es, explica CSIF, "trasladar a la sociedad el caos que atraviesa esta Administración, como consecuencia del abandono y la política errática que han llevado a cabo los gobiernos de PSOE y PP en los últimos años".

El viernes los funcionarios de ‘a pie’ (trámites, procedimientos, forenses, letrados, personal que prepara sentencias, autos, evaluación de pruebas, toma de declaraciones…) saldrán a la calle "para levantar la voz contra el caos y el deterioro judicial", dice el sindicato.

El personal de Justicia ha secundado durante toda la semana movilizaciones y asambleas informativas en los distintos centros de trabajo de la provincia (Granada, Santa Fe y Motril) para protestar "ante la tremenda agresión de los derechos laborales que supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado". Este miércoles, delegados sindicales de CSIF –junto a CCOO, UGT y STAJ- se han concentrado en los juzgados de Plaza Nueva. 

Las protestas se centran en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que "abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva. Así, entre otras cosas permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria; además de destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos", explica CSIF.

Así, los 50.000 trabajadores y trabajadoras de la Justicia, de los que unos 1.100 están en la provincia de Granada, de los cuerpos generales, gestores, tramitadores de auxilio y cuerpos especiales llevarán a cabo la primera huelga general en esta administración de los últimos 20 años.

“Coincidiendo con el día de la huelga, CSIF, junto al resto de los sindicatos de la Justicia, llevarán a cabo en Madrid una gran manifestación en la que participarán funcionarios de toda España”, explica la responsable del sector de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, quien adelanta que la provincia estará ampliamente representada en esta manifestación con autobuses que se fletarán ese mismo día desde la provincia hasta la capital.

En ella participará el personal que garantiza el funcionamiento diario de la Justicia (trámites, procedimientos, análisis de pruebas y forenses, preparación de documentación, sentencias y autos, toma de declaraciones…), mientras los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado y no afrontan los problemas estructurales: retrasos, caos informático, falta de medios materiales y personales...

Por este motivo, CSIF también ha trasladado una queja al Defensor del Pueblo, que también será elevada a instancias de la Unión Europea, si la reforma sigue adelante. Esta misma mañana, CSIF ha presentado más de 30.000 firmas de funcionarios de Justicia de toda España contra esta reforma de la LOPJ. 

CCOO, por su parte, cree que la modificación legal supondrá los siguientes efectos: 

1.- La unificación como único centro de destino  de todos los órganos y oficinas judiciales de cada municipio, lo que supondrá la movilidad forzosa de los funcionarios a cualquier puesto de trabajo dentro de la misma localidad que, en el caso de Andalucía, corresponderá ejercer a las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia.

2.- La prohibición del necesario incremento de plantilla y dotación de  medios materiales, cuando se designan a los jueces de refuerzo que se suelen nombrar para los órganos judiciales más colapsados.

3.- La prohibición de nombramientos de interinos para la sustitución de éstos en los casos de enfermedad. Es decir sólo se cubrirán las bajas por enfermedad del personal titular.

4.- El cese de todo el personal interino de refuerzo en el plazo máximo de 6 meses,  aunque permanezcan las causas por las que fue nombrado.