El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, ha sumado un nuevo investigado a la causa, una anterior jefa de sección en el Patronato de la Alhambra y el Generalife que iba a declarar como testigo esta semana y que finalmente lo hará como implicada en una fecha aún por determinar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

De este modo, se eleva a ocho la cifra de investigados en este procedimiento, en el que se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en torno a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, un asunto por el que en su momento dimitió la entonces directora del monumento, María del Mar Villfranca, que es una de las investigadas.

Este pasado lunes declaró ante el juez en calidad de testigo un trabajador de Stendhal Museum Solution, la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías. Esta persona ratificó ante el juez lo que previamente había dicho a la Policía respecto a la existencia de una posible sobrefacturación irreal, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En la jornada de este martes ha declarado en calidad de investigado un empleado del Patronato de la Alhambra y el Generalife que operaba como jefe de negociado de ingresos y tenía locución directa con la empresa a la que se adjudicó el servicio, el cual había salido a colación a lo largo de la instrucción y que ha defendido la legalidad de su proceder.

Estaban previstas también esta semana las comparecencias de otros dos testigos, uno al que no se ha podido localizar y la nueva investigada, identificada como E.C., que lo hará previsiblemente a partir de septiembre.

Primera fase de declaraciones

La primera fase de declaraciones, que afectó a seis personas, se produjo entre abril y junio e incluyó al que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra José María Visedo y a la ya exdirectora del monumento.

Villafranca afirmó ante el juez haber actuado "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal", garantizando que los intereses públicos del Patronato al que ella representaba "han estado salvaguardados".

En contraposición, cuestionó la "imparcialidad" de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el monumento a raíz de este caso, tachándolo de "informe político", al ser solicitado por el PP en sede parlamentaria y aportado por la Junta a pesar de que el Juzgado no lo solicitó.

Junto a ellos declaró la ex secretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro y el interventor delegado de la Alhambra, que defendieron la legalidad de su gestión; además de dos personas más vinculadas a la empresa Stendhal Museum Solution, a la que se adjudicó el servicio de audioguías.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada les citó en un auto en el que decidió incoar nuevas diligencias separando la investigación que atañe a la adjudicación del contrato de las audioguías de la Alhambra del resto de contrataciones que se estaban investigando y que ahora recaerán en diferentes juzgados, al entender que "no guardan una conexión temporal, espacial o teleológica" que justifique la ampliación de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento.