La voz de Granada suena por las niñas y mujeres afganas
Una concentración en la Fuente de las Batallas de Granada ha levantado la voz por las niñas y mujeres afganas para denunciar el silencio impuesto por el régimen talibán.
La protesta ha reclamado a la comunidad internacional que intervenga para poner fin a esta vulneración de derechos fundamentales.
Reproducimos a continuación el comunicado de la plataforma:
Llamamiento de la Plataforma 8M.25N de Granada por los Derechos de las Mujeres Afganas
La Plataforma 8M.25N de Granada, constituida por mujeres y organizaciones de distintos ámbitos y profesiones, levantamos nuestra voz, ante la grave situación humanitaria, solidarizándonos con nuestras hermanas afganas, para realizar un llamamiento a la Comunidad Internacional y a los partidos políticos para trabajar mediante políticas de protección y acogida de la población, basadas en la perspectiva de género y el respeto a los Derechos Humanos.
Las nuevas leyes de moralidad, plasmadas en 114 páginas y 35 artículos, amplían restricciones ya intolerables, como indica Roza Otunbayeva, jefa de la misión de la ONU en Afganistán. Normas ratificadas por el líder talibán Haibatulá Ajundzadá que prohíben concretamente a las mujeres cantar, recitar o hablar en público, cubriendo también su cuerpo y prohibiendo mirar a hombres que no sean sus parientes o viceversa.
La comunidad internacional ha fracasado en prevenir el regreso de este régimen, que busca legitimarse ante ella mediante la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, manteniendo dos guerras abiertas en el tablero mundial y violando los derechos humanos, a la vez que sumiendo a la mitad de su población en pobreza extrema. Unas situaciones que afectan en mayor grado a las mujeres, por sufrir factores normativos que incrementan su vulnerabilidad al prohibirles realizar funciones imprescindibles para el desarrollo de relaciones sociales y el acceso y mantenimiento de un empleo, entre otras.
Solicitamos a las autoridades públicas y organizaciones internacionales que actúen para poner fin a la vulneración de derechos fundamentales de los casi 21 millones de niñas y mujeres, promovida y legitimada por más de 100 normas y edictos que las oprimen
Solicitamos a las autoridades públicas y organizaciones internacionales que actúen para poner fin a la vulneración de derechos fundamentales de los casi 21 millones de niñas y mujeres, promovida y legitimada por más de 100 normas y edictos que las oprimen. Creemos que esta situación constituye un delito de lesa humanidad, tal como ha señalado el Relator de Naciones Unidas, y consideramos que es necesario que el Gobierno de España inicie el proceso ante el Tribunal Penal Internacional para condenar la violencia institucionalizada contra las mujeres afganas. A nuestro parecer, dicho tribunal, debiera condenar la violencia institucionalizada contra las mujeres y niñas afganas, y poner en marcha medidas concretas para erradicarla. Instamos a la UE a atender la situación de discriminación a la que están sometidas las Niñas y Mujeres afganas y adoptar medidas políticas que reviertan esta crisis, asegurando el reconocimiento de las refugiadas y su derecho de asilo.
Creemos firmemente que ninguna urgencia geopolítica justifica el aplastamiento y la vulneración de los derechos de las afganas, siendo primordial el que se preste ayuda humanitaria y se apoyen a las ONGs que trabajan en la región, para que su situación se revierta ahora, que además deben de acatar el mandato del silencio.
Búsqueda de fórmulas para que la ayuda alimentaria y humanitaria llegue a la población que más lo necesita.
Apoyo a ONGs e instituciones en el terreno con el objetivo de paliar el sufrimiento de la población.
Una política de acogida en toda la UE.
Apoyo a países fronterizos que reciben a quienes huyen de Afganistán.
Priorizar la defensa de los derechos humanos de las Niñas y Mujeres afganas, así como del resto de la población sobre intereses económicos y fortaleciendo los esfuerzos diplomáticos con países como China y Rusia o Irán para influir en los talibanes con el objetivo de que consideren sus normas que van en contra de los Derechos Humanos.