Ven, conoce la provincia de Granada.
Jornada de huelga y manifestación para exigir diálogo y una apuesta clara por la educación pública

Ustea alerta de que los cambios que planea la Junta esconden "recortes" que provocarán pérdida de profesorado y aulas masificadas

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 13 de Enero de 2020
El sindicato, que llama a participar en la movilización del próximo jueves 16 de enero en defensa de la escuela pública, critica el "oscurantismo" de la Delegación de Educación.
Cartel de la jornada de movilización.
Cartel de la jornada de movilización.

Ustea recuerda que antes de Navidad los sindicatos del sector conocieron, en primer lugar por prensa y redes sociales, y en segundo lugar por el propio delegado de Educación, los cambios que tendrían lugar en la ordenación de las enseñanzas andaluzas, pero muy especialmente en la provincia de Granada. Los cambios se originan, según recuerda el sindicato que han justificado desde la propia Delegación, por "una optimización de recursos, lo cual suele ser sinónimo de recorte educativo".

Los principales cambios, que como informó en su día El Independiente de Granada, afectan a los colegios públicos rurales, a los colegios llamados “semi-D” (aquellos en los que se imparten las enseñanzas del primer ciclo de Secundaria) y a aquellos centros, colegios e institutos, en los que se plantea una fusión de enseñanzas, es decir los llamados CEIPSO.

Ustea denuncia en primer lugar "la ausencia absoluta de información concreta que se está dando a los sindicatos del sector, y lo tarde que dicha información se da a las familias afectadas". "Esta práctica oscurantista impide la participación de la comunidad educativa en un proceso de reestructuración de estas características". En segundo lugar, agrega el sindicato, muchos de los centros o enseñanzas que se estudia cerrar o suprimir, son centros con un número de alumnos por aula por debajo de la media. "Por lo que la lógica de la “optimización de recursos” parece que va en la línea de concentrar al alumnado y erradicar las ratios bajas de la mano de una Consejería que mantiene las aulas andaluzas masificadas ilegalmente, tal y como ya denunció USTEA en el primer trimestre de este curso 2019/20"

Estas son las actuaciones que plantea la Delegación de Educación y que el sindicato Ustea resume:

Se plantean cierres de centros y el traslado del alumnado y de sus enseñanzas a centros vecinos, de forma que en un mismo centro se impartan las etapas desde infantil hasta secundaria. Este escenario podría utilizarse para suprimir unidades y puestos de trabajo. Y para muestra un botón: en el hipotético caso de que se cerrase el CEIP Reyes Católicos y se trasladase al alumnado a un futuro CEIPSO sito en el actual CEIP Gallego Burín, y dadas las ratios actuales de un centro y de otro, es más que probable que todas las unidades suprimidas en el Reyes Católicos no supusieran aumento alguno de unidades en el Gallego Burín, pues se podrían maximizar las ratios hasta las cifras ilegales a que nos acostumbra la Consejería. Por otro lado, el cierre de colegios públicos supone la pérdida irreversible de oferta pública y podría propiciar incluso lo contrario de lo que se pretende: más trasvase de alumnado a la enseñanza concertada.
Semidés. La supresión de las enseñanzas de secundaria que siguen manteniendo algunos colegios parece que puede seguir la misma lógica anterior. Estas enseñanzas, al estar situadas en zonas rurales, son susceptibles de tener ratios bajas, por lo que la supresión de estas unidades no va a acarrear la creación de las mismas en los IES a los que sea trasladado el alumnado. Las declaraciones públicas al respecto de la supresión de los semidés son totalmente contradictorias y, sin embargo, los centros afectados según la prensa podrían llegar a 52, que es la totalidad de centros semidés de la provincia.
Los Colegios Públicos Rurales poseen varias sedes en diferentes localidades. Se prevén cambios en la configuración de los CPR de la provincia, y aunque no se nos especifican oficialmente cuáles, la rumorología apunta ya a varios centros granadinos. Dado el precedente del que partimos, como fue la supresión de varias unidades en los CPR de la Alpujarra, lo que dio lugar a ratios masificadas ilegalmente en algunas de las unidades restantes, parece sensato pensar que la lógica que hay detrás de todo esto es la misma que la que tuvo lugar en Bérchules, Torvicón y Pitres: el recorte del gasto con la consecuente merma de la calidad educativa.

Detalle de la manifestación en defensa de la escuela pública rural al comienzo del curso. indegranada

Motivos para apoyar las movilizaciones de la comunidad educativa y convocar la huelga, a juicio de Ustea

La defensa de los puestos de trabajo docentes y laborales. "Las cuentas son claras: por cada unidad perdida en primaria se pierde como mínimo 1 docente. Si esta unidad es de Secundaria en un semi-D, la pérdida por unidad oscila entre 1,7 a 1,4 docentes. Para los y las trabajadoras que actualmente están en los centros afectados es obvio que se pone en riesgo la pérdida de su puesto de trabajo, lo cual hace que más interinos e interinas se queden sin vacante, y que más funcionarios y funcionarias empeoren sus posibilidades de conciliación familiar. Además, el cierre de centros supondría la pérdida de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, un sector en claro riesgo de privatización".

La defensa de la Educación Pública. "A inicio de curso vimos cómo la actual Consejería hacinaba de forma fraudulenta a parte del alumnado andaluz por encima de la norma, de manera que ya en el mes de septiembre USTEA denunció más de 700 unidades de primaria, secundaria y bachillerato con más de 25, 30 y 35 alumnos/as respectivamente. La excepción a esta norma eran las zonas rurales. Las ratios bajas, estrechamente vinculadas a la calidad educativa, son para USTEA el horizonte donde dirigirnos, porque posibilitan la atención individualizada al alumnado. Esta propuesta puede servir para erradicar esas pocas excepciones y convertirlas en la norma del aula masificada, en ocasiones, como hemos visto, de manera totalmente ilegal".

La defensa del alumnado de las zonas rurales. "La supresión de muchos Semidés e incluso de ciertas sedes de CPRs va a hacer que más alumnado tenga que desplazarse a otros pueblos a edades cada vez más tempranas. Por ejemplo, al suprimir un semidé el alumnado deberá desplazarse a la edad de 11 o 12 años al instituto más cercano, en lugar de a la edad de 13 o 14 años, como venía ocurriendo antes de la supresión de la enseñanza. Esta situación tiene efectos negativos sobre la vida y sobre el rendimiento escolar del alumnado,lo que supone una discriminación de facto por el simple hecho de vivir en un pueblo".

La defensa de los servicios públicos en las zonas rurales. "En los últimos años muchos partidos han intentado recoger el voto de la llamada “España vaciada” en relación con aquellas zonas rurales en proceso de despoblamiento e incluso de desaparición. El propio partido que regenta la actual Consejería de Educación comenzó su precampaña estatal en la “España vaciada”. Sin embargo, lo que puede suponer esta reestructuración de la oferta provincial educativa es una pérdida en muchas localidades del primer ciclo de secundaria o incluso de infantil y primaria. Las razones del despoblamiento son varias, pero sin ningún lugar a dudas, cuando además despoblamos las zonas rurales de servicios públicos ya sabemos lo que con certeza viene a continuación. Es por ello por lo que el mantenimiento de los servicios públicos es esencial para mantener los pueblos vivos. Sin la oferta adecuada de un servicio educativo público se pierde uno de los principales motivos por los que una familia pudiera optar por no abandonar una localidad rural e incluso por trasladarse a ella".

La nueva movilización se ha convocado para el jueves 16 de enero. p.v.m.

Por todo ello, USTEA reivindica:

  • Que cualquier cambio sustancial en las enseñanzas de la provincia sea estudiado y aprobado previamente por la comunidad educativa en su conjunto: consejos escolares y claustros de todos los centros implicados.
  • Que se nos informe a toda la comunidad educativa -AMPA, sindicatos y claustros- acerca de cualquier centro en el que se esté valorando una actuación de tales características, a fin de poder realizar con el tiempo suficiente una valoración por parte de la familias y trabajadores/as afectados/as.
  • Que no se supriman las enseñanzas Semidés en la provincia de Granada y que se respete y potencie la actual estructura de los CPR.
  • Que haya una apuesta clara por el mantenimiento de una educación pública de calidad en las zonas rurales, reforzando los servicios educativos y consensuando fórmulas que eviten la huida de alumnado.
  • El diálogo con la comunidad educativa debe ser más horizontal y abierto, buscando un diagnóstico común sobre los problemas reales, las causas y las soluciones efectivas.