La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha instado a la Delegación del Gobierno andaluz en Granada a la "urgente corrección" de los "graves retrasos" que sufren los informes de los equipos psicosociales en la provincia.

 

La Sala considera que la situación denunciada por el decano de los Juzgados de Granada supone un "grave perjuicio" que afecta a la "efectividad del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva", informa el TSJA en una nota.

 

En el informe elaborado al respecto por el juez decano de Granada se denuncia la "lamentable situación" que se produce respecto de la intervención de los equipos psicosociales en los procesos en los que hay implicados menores de edad en los Jugados de Violencia sobre la Mujer y de Familia.

 

En este sentido, el escrito elevado a la Sala de Gobierno indicaba que el retraso en la emisión de informes por parte de los equipos psicosiciales "no es admisible".

 

Así, señala que informes sobre materias tan sensibles se demoran "por largos períodos que van desde los 9 meses a más de un año según los casos, situación que se mantiene sin que por parte de la Delegación de Justicia se adopten medidas correctoras eficaces".

 

En este tipo de procesos, señala el informe elevado a la Sala de Gobierno, es fundamental una rápida resolución que ponga fin, al menos desde el punto de vista judicial, a la controversia, de tal modo que se aclaren lo antes posible cuestiones como las relativas a guarda y custodia, vacaciones o alimentos.

 

El escrito del juez decano muestra su preocupación puesto que los menores que sufren un proceso tan largo "padecen un enorme perjuicio, ya que el sometimiento de este tipo de cuestiones a decisión judicial implica, además, una fuente de tensión entre los integrantes de la familia que empeora con la dilación del proceso, que de modo inevitable afecta a los menores implicados".

 

También apunta a que desde los Juzgados se realiza un importante esfuerzo por realizar las vistas de estos procesos en tiempos que deben calificarse como razonables dada la sobrecarga de trabajo existente, pero la decisión "se ve demorada durante muchos meses a consecuencia del retraso en la emisión de los informes por parte de los equipos adscritos por la Consejería de Justicia".