Lorenzo del Río ha recordado este lunes a preguntas de los periodistas que la solicitud municipal se realiza a través de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que es quien tiene que registrarla en el Alto Tribunal andaluz, lo que aún no ha ocurrido.

 

Preguntado sobre qué condicionantes pueden favorecer que se dé el visto bueno al proyecto, Del Río ha explicado que dependerá de la documentación que se aporte y de la proporcionalidad de la instalación que se pretende poner en marcha.

 

Se trata, según ha recordado, de un asunto en el que "juegan varios intereses", el derecho a la intimidad de las personas y la necesidad de defender el patrimonio; por lo que es necesario estudiar qué se pretende hacer, los sitios donde se colocarían las cámaras, quién las controlaría y qué se haría con las grabaciones, entre otras cuestiones que deben estar detalladas en la documentación que se aporte.

 

Lorenzo del Río ha realizado estas declaraciones antes de la comisión mixta de cooperación celebrada este lunes entre el Alto Tribunal andaluz y la Consejería de Justicia.

 

El Ayuntamiento de Granada remitió el pasado 29 de septiembre a la Subdelegación del Gobierno un listado con seis zonas y enclaves monumentales en el barrio del Albaicín que están siendo objeto de pintadas, iniciando así los trámites para solicitar al TSJA que autorice la instalación de cámaras de vigilancia que permitan "prevenir" las pintadas contra el patrimonio y, si fuera necesario, "perseguirlo".

 

El expediente remitido solicita la instalación de cámaras en seis enclaves concretos del Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad: la Puerta Monaita o de la Alhacaba (construida en el siglo XI como parte de la muralla zirí); el Aljibe del Zenete (siglo XVI); el Arco de Elvira (S.XI), la zona del Convento de Santa Isabel La Real, la Puerta de las Pesas (siglo XII) y el Palacio de Dar Al-Horra, que fue edificado como residencia de la sultana Aixa, la madre de Boabdil, el último rey nazarí de Granada.

 

El Ayuntamiento ve "imprescindible" solicitar la autorización de este sistema de videovigilancia en estos enclaves "de cara a la prevención y, en su caso, persecución" de los ataques al patrimonio. De hecho, se pretende que las cámaras sean  una medida disuasoria y, a su vez, permitan identificar a los autores de las pintadas sobre espacios protegidos.

 

En la solicitud, que va dirigida al delegado del Gobierno en Andalucía, se adjuntan las fotografías de las zonas antes citadas para especificar los lugares concretos donde se instalarían las cámaras.

 

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Alto Tribunal andaluz rechazó en 2008 esta misma medida, pero el regidor ha justificado esta nueva petición en la "lamentable" situación en que se encuentran algunos espacios patrimoniales a causa de las pintadas.