Superado el último obstáculo para las obras de Santa Adela
La pasada semana los vecinos y vecinas de Santa Adela volvieron a expresar su inquietud por el retraso en el inicio de las obras. El parón del expediente estaba motivado por el recurso que presentó una de las empresas que aspiraron al contrato de rehabilitación contra la oferta ganadora, la de Dragados.
El principal motivo del recurso se centró en la justificación que dio, durante el procedimiento administrativo de la licitación, Dragados para justificar que su oferta no hacía una baja temeraria. Mientras se evaluaban las ofertas, los técnicos municipales requirieron a varias de las empresas participantes que justificaran sus ofertas. Dragados fue una de ellas. Sus justificaciones fueron aceptadas y, al resultar adjudicataria -en la Mesa de Contratación celebrada a mediados de abril-, ese fue uno de los argumentos empleados por la Unión Temporal de Empresas recurrentes, encabezada por UCOP.
Interior de uno de los edificios de Santa Adela. miguel rodríguez
El recurso paralizó el expediente. Ahora el Tribunal Administrativo de Contratos, que dio el correspondiente plazo para alegaciones -hasta en dos ocasiones porque el recurso fue ampliado-, desestima sus argumentos y levanta la suspensión sobre la paralización del expediente.
El Tribunal recuerda que sus competencias están muy limitadas. "No se aprecia que el informe técnico sobre la justificación de las bajas inicialmente consideradas como anormales o temerarias esté incurso en arbitrariedad, ya que no existe error material, su elaboración se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica de la Administración, existe motivación adecuada y suficiente y el informe está suscrito por técnicos del Área de Urbanismo y Obras responsable del contrato", concluye el Tribunal para dar luz verde a las obras.
El contrato para esta nueva fase incluye la demolición previa de los antiguos inmuebles así como la urbanización y construcción de 128 viviendas protegidas, locales y garajes.
El retraso en la puesta en marcha del proyecto obligará asimismo a renegociar con las administraciones que sufragan la intervención, que junto al Ayuntamiento son la Junta y el Gobierno central, para garantizar las ayudas.
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