El decreto de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, obligando a los policías locales a prestar servicios extraordinarios, del que ha informado El Independiente de Granada, ha causado un profundo malestar en la plantilla y dos sindicatos policiales han anunciado ya que recurrirán la medida.

Los policías se sumaban de manera voluntaria a esos servicios pero, ante los incumplimientos de los acuerdos de mejoras laborales por parte del gobierno local, la plantilla acordó no prestarse a hacerlos. La respuesta ha sido mayoritaria y este pasado viernes, Carazo dictó un decreto que ordena a 44 policías a hacer esos servicios extraordinarios este domingo para dar cobertura a la carrera que se celebra en la ciudad -Memorial Padre Marcelino-. Si el gobierno local sigue sin negociar, como denuncian los sindicatos, es posible que sea esa la vía elegida para la Semana Santa, cuyo operativo también se está viendo afectado por el conflicto laboral. 

Tras expresar su "total y absoluto rechazo" a la decisión, el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG), mayoritario, la organización ha anunciado que recurrirá el decreto en las instancias pertinentes, por considerar que no se ajusta a derecho, "tal y como recoge la jurisprudencia".

Como ha resaltado este sindicato, los 44 policías nombrados para este servicio "se encontraban en su turno de descanso" y la medida les obliga a acudir a trabajar "en su tiempo libre para prestar servicio de cobertura a un evento deportivo previsto para el próximo día 6".

El SIPLG, en una nota de prensa sobre esta polémica decisión, hace hincapié en que la falta de agentes voluntarios para trabajar "ni más ni menos se debe al gran descontento que tiene la plantilla del Cuerpo de la Policía Local de Granada", debido al "continuo incumplimiento de promesas del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, con un Convenio Colectivo de trabajadores denunciado hace tres años". En este sentido añade que llevan "casi un año sin ningún tipo de reunión para avanzar en las negociaciones". Se refiere también al "incumplimiento del acuerdo de productividad, que fue firmado para el segundo semestre de 2024 y ha sido renovado de forma unilateral por el gobierno del Partido Popular sin ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores".

"Hemos trasladado nuestra preocupación ante esta situación en varias ocasiones incluso a la propia alcaldesa, solicitándole una reunión para buscar soluciones, reunión que nunca se ha producido" y, con este decreto, "no hace más que aumentar el gran malestar de una plantilla que reivindica sus derechos laborales". 

Antecedente con otro decreto

Por otra parte, el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) también hará uso de mecanismos legales. "La persona que los firme tendrá que responder en sede judicial por ello", ha advertido el sindicato, que se ha reactivado en la Policía Local de Granada. 

Precisamente, como ha recordado el sindicato a este diario, los Servicios jurídicos de SIP-AN ya lograron anular, vía sentencia,  la obligación de prestar servicios extraordinarios en el Ayuntamiento de Granada.

Información de referencia:

• La alcaldesa de Granada abre un frente con la Policía Local y obliga por decreto a hacer servicios extraordinarios