Los sindicatos de la enseñanza pública CSIF, ANPE, CCOO y UGT han denunciado que la Delegación Territorial de Educación, "desatendiendo las recomendaciones sanitarias de reducir la ratio en los centros educativos, sigue aplicando un exceso de ratio de un 10 por ciento por encima de lo que marca la norma, a pesar de la ilegalidad de dicha medida". 

 

Según un estudio elaborado  por los sindicatos, con los datos que tienen los centros en estos momentos se perderían cerca de un centenar de unidades entre Educación Infantil y Primaria en la provincia. En Educación Secundaria y Bachillerato, donde la bajada de natalidad llegará dentro de un año -aclaran-, la pérdida de unidades "no es tan significativa", en torno a unas 20-30, según su estimación. Pero en estas dos etapas, "existe la problemática de tener las aulas muy masificadas, con ratios en la inmensa mayoría de los casos por encima de 30 alumnos/as en ESO y de 35 en Bachillerato". De nuevo, apuntan los sindicatos, "los mayores problemas de masificación" se sufren en Granada, Área metropolitana y grandes localidades como Motril, Guadix, Baza o Almuñécar.

 

"En primer lugar, queremos dejarle claro a la Delegación que no vamos a consentir que se supere la ratio máxima legal en ningún caso, y que vamos a seguir exigiendo el desdoble de las unidades que la superen y denunciando los casos hasta acabar con este abuso", declara Manuel Pérez García, responsable de de CSIF Educación Granada. 

 

"Con estos números, nos tememos que no se van a poder garantizar las distancias mínimas entre el alumnado de cara al curso que viene, pues las aulas no están dimensionadas ni siquiera para garantizar una distancia de 1 metro con las ratios actuales", señala Mercedes González Liñán, secretaria general de CCOO Enseñanza Granada. "Cuando sería muy fácil, sobre todo en Educación Infantil y Primaria, desdoblar los grupos para llegar a ratio 15, ya que  muchos centros, debido a la bajada de natalidad y a la pérdida de unidades que se ha producido en los últimos años, tendrían infraestructuras suficientes para prevenir el hacinamiento del alumnado. En cualquier caso, se debería buscar soluciones e implementarlas siempre que fuera posible", agrega.

 

Manuel Pérez García, presidente de ANPE Granada, ha hecho hincapié por su parte en un aspecto a su juicio "inaceptable". "Si lo que deberíamos hacer es bajar las ratios, lo que no se puede permitir es tener, como ocurre en El Salar, por ejemplo, unidades con 28 y hasta 29 alumnos, o en Íllora, un centro planificado como línea 2 y que en los últimos años ha perdido una línea completa, teniendo las clases a 26 y 27alumnos". 

 

"Otros casos flagrantes son los que ocurren en los colegios públicos rurales", añade María José Romero Morell, responsable de Enseñanza Pública de UGT Granada. "En estos centros  se están quitando unidades para meter en el mismo aula a alumnado de cursos diferentes, y superando la ratio legal. Es el caso del colegio de Mecina-Bombarón, con 16 alumnos de entre 3º y 6º todos juntos, cuando la ratio para juntar alumnado de diferentes ciclos es 12, o en Pitres, con un 1º-2º a 17 alumnos, siendo 15 la ratio máxima. Esto es una vulneración al derecho a la educación del alumnado y un nuevo ataque a la escuela rural que poco a poco va a desaparecer".

 

Los cuatro sindicatos, CSIF, ANPE, CCOO y UGT, advierten que están vigilantes en cuanto a la planificación de los centros de cara al nuevo curso y van a seguir exigiendo, como mínimo, que no se supere la ratio máxima legal. "De cualquier forma -afirman- seguirán insistiendo que por la seguridad de todo el personal que trabaja en los centros educativos y de la población en general, se desdoblen los grupos para garantizar las distancias y la poder atender mejor al alumnado en caso de que hubiese que volver a la enseñanza no presencial el próximo curso".