Ven al Parque de las Ciencias
Artículo de Opinión

'Semi-D y semiverdades. Sobre la reorganización de centros en la provincia de Granada'

Ciudadanía - Jose Antonio Antón Amiano - Martes, 14 de Enero de 2020
José Antonio Antón Amiano, delegado sindical de USTEA Granada, refuta en este artículo de opinión los argumentos que está utilizando la Delegación Territorial de Educación para justificar la reestructuración de centros que planea y defiende la necesidad de replantear todo el proceso para consensuarlo.
Detalle de la movilización al inicio del curso en defensa de la escuela rural.
P.V.M.
Detalle de la movilización al inicio del curso en defensa de la escuela rural.

Examinamos aquí dos argumentos que el delegado de Educación de Granada está utilizando para justificar la reestructuración de los centros educativos en el medio rural: el de la ilegalidad y el de la incapacidad, ambos referidos al profesorado de Primaria.

¿Es cierto que el profesorado de Primaria no puede legalmente impartir clase en el primer ciclo de la ESO? Pues no. En primer lugar la LOGSE, en su Disposición transitoria cuarta, lo permitió, ofreciendo durante 10 años al profesorado que así quisiera hacerlo la posibilidad de adscribirse a este ciclo (apartado 2), regulándolo la Consejería de Educación de Andalucía mediante el Decreto 154/1996 del 30 de abril. Como quiera que este proceso se cerró, podría pensarse que las situaciones posteriores a esta disposición transitoria no tendrían un paraguas legal. Esto es de hecho lo que se argumenta desde la Delegación de Granada. Pero no es cierto. La misma LOE contempló en su art. 94 la posibilidad de “habilitación de otras titulaciones” para impartir “determinada áreas”, y, especialmente, la  Disposición adicional séptima insistía en la posibilidad, excepcional, de que el profesorado de una etapa pudiera impartir clase en otra. Del mismo modo, el art. 111. 5 permitía a las administraciones educativas crear “centros públicos que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta” a la habitual, como es el caso de los Semi-D (centros de Infantil-Primaria que incorporan el primer ciclo de Secundaria). Nada de esto ha sido derogado por la LOMCE.

En orden a este marco legal, la normativa andaluza ha venido recogiendo y manteniendo esta posibilidad, principalmente en la Orden de organización y funcionamiento  de Infantil- Primaria (Disposición adicional tercera sobre maestros en el primer ciclo de Secundaria obligatoria, Orden de 20 de agosto de 2010), aunque también en la de Secundaria (art. 19, apartado 2, de la Orden de 20 de agosto de 2010) y, consecuentemente, en las adjudicaciones anuales de destinos provisionales que permiten al profesorado de Primaria ejercer en este tipo puestos. 

Por tanto, el argumento de la ilegalidad no se sostiene. Si fuera cierto, la Consejería de Educación de Andalucía debería haber modificado lo más rápidamente posible la normativa que es de su competencia, pero ni lo ha hecho ni ha dado muestras de querer hacerlo.

'Sólo con opiniones no pueden tomarse decisiones tan drásticas como el cierre de todos los Semidés de la provincia de Granada'

Segunda cuestión. ¿Está este profesorado insuficientemente capacitado para realizar este trabajo? No dudamos que esta pregunta podría suscitar un debate interesante entre quienes ponen en valor la capacidad pedagógica y empatía del profesorado de Primaria con el alumnado del este primer ciclo de ESO y quienes sostienen que la especialización del profesorado de Secundaria es determinante para la docencia en este nivel. Lejos estamos de pretender cerrar este debate cuyo origen está en la misma LOGSE, pero dado que nuestro delegado lo ha abierto y cerrado recientemente en un pis pas, es preciso aclarar algunas inconsistencias. En primer lugar, las opiniones sobre los resultados académicos y capacidades del alumnado que procede de estos centros nos parecen eso, opiniones, dada la falta de publicidad de los informes de la inspección a los que alude, y la informalidad de los comentarios de las directivas que invoca. Lo que ocurre con las opiniones es que, a falta de mejor criterio, pueden convivir con otras opuestas, tal y como hemos podido leer por ejemplo  las del anterior delegado de educación o la de un exalumno y actual docente en este tipo de centros, evidentemente mucho más favorables. Ahora bien, sólo con opiniones no pueden tomarse decisiones tan drásticas como el cierre de todos los Semidés de la provincia de Granada. En segundo lugar, las dudas sobre la capacidad del profesorado de Primaria se harían inevitablemente extensibles a todo/a diplomado/a  en profesorado de EGB en activo, con o sin habilitación para estos puestos, así como a otras etapas impartidas actualmente por el profesorado de Primaria, por ejemplo a la Educación de Adultos. Por esta vía, ¿habríamos solucionado un problema o creado otro? Pero lo peor de todo esto es la confrontación que parece establecerse entre profesorado de Primaria y Secundaria, presentando a los primeros poco menos que como usurpadores, además de incompetentes. Decididamente, son argumentos propios de un bombero pirómano.

'Es llamativo el poco peso que habían tenido hasta ahora las cuestiones pedagógicas en las justificaciones sobre la reorganización de centros, lo que es un síntoma del tipo de reforma a que se nos conduce'

Ahora bien, si el problema de los Semi-D fuera realmente el que hasta aquí se ha examinado, lo consecuente con la postura que defiende el delegado sería propiciar legalmente que estas plazas se adjudicaran a profesorado de Secundaria. No, realmente no creemos que se trataba de esto, sino de cargarse la estructura misma de estos Semi-D, cuya existencia ya hemos mostrado que tiene amparo legal. De hecho, es llamativo el poco peso que habían tenido hasta ahora las cuestiones pedagógicas en las justificaciones sobre la reorganización de centros, lo que es un síntoma del tipo de reforma a que se nos conduce. Si en el caso de la capital se trataría de competir con la concertada a base de CEIPSOs (argumento muy cuestionable que merece otro debate), en el caso de la provincia se trataría de maximizar los cupos docentes subiendo las ratios y, suponemos, redistribuyendo el sobrante (no sabemos muy bien dónde). No sólo es que se haya hecho abstracción de las condiciones geográficas de Granada (con algo más de 170 municipios y una gran dispersión) y de la necesidad de revitalizar el mundo rural, es que  ni siquiera se ha hecho un mínimo esfuerzo por hacer pasar esta reestructuración por una reforma pedagógica de las ratios, entre otras cosas porque esto implicaría reconocer, si no la ilegalidad que desde USTEA hemos denunciado judicialmente, sí la masificación que se está produciendo en muchas aulas y la necesidad de una urgente solución al problema.

Creemos sinceramente que es preciso replantearse todo el proceso y consensuar fines y medios con toda la comunidad educativa. De otro modo, lo único seguro es que la confrontación, lejos de disminuir, irá en aumento.

José Antonio Antón Amiano

Delegado sindical de USTEA Granada