El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y su antecesora en el cargo, la diputada socialista en Madrid Mercedes Gallizo han sido citados por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada a declarar este miércoles como imputados por su presunta responsabilidad en el caso que investiga sobre los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial, situada en Albolote, a una finca cercana.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, tanto Gallizo como Yuste, a los que se le atribuye de manera provisional los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, tendrán que comparecer a partir de las 9,00 horas ante el Seprona de la Guardia Civil, y luego ante el titular del juez instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco.

Ya el pasado 7 de julio la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Mercedes Gallizo pidió a la gestora del PSM y al Grupo Parlamentario Socialista que aplazasen su nombramiento como senadora por la Comunidad de Madrid hasta que se aclarasen los términos de su imputación.

Sobre Ángel Yuste ya se pronunció este lunes el sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que reclamó su cese tras su imputación.

En un escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno en Granada, Acaip consideró que el auto del juez sobre la imputación de Yuste demuestra la "inactividad de la institución", a través de sus funcionarios, ya que dice textualmente que las resoluciones que dictó "en los casos que se hizo algo, se limitaron a dar largas, anunciar reformas de la depuradora, que nunca se realizaron y en definitiva nunca se basaron las resoluciones en adoptar medidas de actuación efectivas".

La declaración como imputados de Yuste y Gallizo se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivara las actuaciones contra el parlamentario del PSOE y exdelegado provincial de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón en este caso, a través de una resolución en la que consideró, al igual que la Fiscalía, que la Junta "no cuenta entre sus competencias con la vigilancia, inspección y control" de la depuradora del centro penitenciario de Albolote.

Por este mismo asunto ya declaró hace unas semanas ante el juez de Instrucción 6 la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Inmaculada Oria, que alegó falta de competencia de la Junta de Andalucía en los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial, situada en Albolote, en la misma línea que mantuvo la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García. 

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, "y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces".

El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, "tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua".

Como consecuencia de ello, "tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias".

De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su "anuencia", se ha "prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR --la depuradora de la prisión--, a la que tienen derecho todos los ciudadanos".

Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que "era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG".