El reto de combatir la violencia de género con una realidad social cambiada por la crisis, la globalización y la creciente mercantilización de las mujeres
Aunque no sea percibido así globalmente, la violencia de género es “la más vergonzosa violación de los derechos humanos” como expresó Félix Mariano López Caparrós, alcalde de Vera, en el 3er Foro Andaluz para la Gobernanza en Materia de Violencia de Género celebrado en la localidad almeriense organizado por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP), de la que es vicepresidente. En este marco todos los asistentes responsables políticos, profesionales del Derecho, psicólogas y médicos forenses- coincidieron en la necesidad de actuaciones conjuntas entre todos los agentes implicados para dar la máxima cobertura a las mujeres víctimas y a sus hijos.
La denuncia de Ana Orantes dio lugar a una alianza entre asociaciones de mujeres, poderes públicos y medios para hablar de violencia de género
El próximo 17 de diciembre se cumplirán 20 años de la muerte de Ana Orantes, la valiente granadina que explicó en un programa de televisión los cuarenta años de violencia que sufrió en su hogar a manos de su marido, el mismo que la asesinó quemándola viva. Su testimonio y trágico final hizo reaccionar a las asociaciones de mujeres que “señalaron a los poderes públicos como ineficaces” apuntaba Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ex presidenta del Observatorio de Violencia de Género, que participó en el encuentro. Su denuncia “supuso un alianza entre las asociaciones de mujeres, los poderes públicos y los medios de comunicación para empezar a llamar violencia de género a lo que hasta entonces se había denominado violencia doméstica.
La magistrada Inmaculada Montalbán durante su intervención. indegranada
Recortes
Es cierto que, desde las instituciones, se han realizado muchos esfuerzos para situar la violencia de género en la agenda como una cuestión de orden público pero aún queda mucho camino que recorrer. Uno de los instrumentos clave ha sido la normativa legal con dos textos dedicados a esta materia, la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 (de ámbito estatal) y la Ley de Medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género de 2007 (de ámbito andaluz) a los que se ha sumado, el pasado mes de septiembre, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, las leyes necesitan ser revisadas porque “en estos veinte años, la realidad ha cambiado”, señala Montalbán, por dos razones fundamentales, de una parte “la globalización y creciente mercantilización de las mujeres” y, de otra, “la crisis económica” cuyos recortes se han cebado con los recursos destinados por los ayuntamientos a luchar contra la violencia de género a los que, además, se les han retirado las competencias. “Estamos asistiendo a un desmantelamiento silencioso de los recursos disponibles”, afirma con rotundidad la magistrada del TSJA. Por otra parte, el Pacto de Estado recientemente aprobado ha nacido sin una partida específica y, aunque se ha barajado la cifra de 200 millones al año durante cinco años, una posible prórroga presupuestaria dejará esta iniciativa sin dotación a no ser que se habilite una partida especial.
La realidad social a la que alude Inmaculada Montalbán también plantea situaciones aún no recogidas en la actual normativa legal y sobre este aspecto la directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, apuntaba que la consideración de víctima “debería de extenderse, además de a la mujer y sus hijos, a otros familiares dependientes dentro de ámbito familiar” y a otras formas de violencia “como la mutilación genital que no debe justificarse por razones culturales porque constituye una violación de los derechos humanos”. Ante un público experto, compuesto por profesionales que desarrollan su labor en los distintos servicios que trabajan con las mujeres que acuden a pedir ayuda ante situaciones de violencia, la responsable de la Junta de Andalucía destacó el papel pionero de nuestra comunidad en la lucha por la igualdad y señaló que muchas de las aportaciones recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género partieron de Andalucía donde el movimiento asociativo de mujeres en torno a este tema ha trabajado mucho en los últimos años.
Maltrato psicológico
Al margen de las partidas presupuestarias y las competencias, en los últimos años se han tomado decisiones que tampoco han favorecido la lucha contra la desigualdad. Una de ellas ha sido la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía a nivel nacional en la que se trabajaba con los adolescentes en la consecución de una sociedad igualitaria y el respeto a las mujeres. Una de las consecuencias son los aterradores datos que ha arrojado el último Barómetro 2017 del Proyecto Scopio elaborado por el Centro Reina Sofía en el que el 27,4% de los jóvenes entre 15 y 29 años considera que la violencia de género es una “conducta normal” en una pareja.
De izquierda a derecha, Montserrat Linares y Teresa Muela. indegranada
Y si la opinión de las generaciones más jóvenes es preocupante, no lo es menos la evolución del perfil del maltratador. “Los agresores también han cambiado su modus operandi, no son tontos, y ahora vemos menos ojos morados pero mucho maltrato psicológico”, señalaba Montserrat Linares Lara, abogada granadina experta en violencia de género y miembro de la Asociación Mujeres Juristas Themis. Esta modalidad dificulta en ocasiones la credibilidad de la denuncia de la víctima porque si no hay rastros físicos, su testimonio se pone en cuestión.
Las nuevas formas de maltrato también se han extendido a los menores. Pilar Jiménez González, psicóloga y miembro de la Asociación Acción Social por la Igualdad, daba la voz de alarma sobre la utilización de los hijos e hijas por parte de sus progenitores. “La violencia no acaba con la denuncia, va mucho más allá”, señala Jiménez, “porque los agresores utilizan el régimen de visitas de los menores para seguir controlando a sus madres y generan mucho daño”. Para esta experta, es necesario cuestionarse el régimen de visitas automático.
