Profesionales sociales de Granada se movilizan en solidaridad con la educadora social asesinada en Badajoz
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"Basta ya al ninguneo de las profesiones sociales"
"El pasado lunes 10 de marzo una educadora social perdía la vida en Badajoz, supuestamente a manos de menores de edad, durante su jornada de trabajo en un piso de convivencia en grupo educativo, medida judicial de medio abierto que consiste en residir durante el tiempo que haya especificado el juzgado de menores en un piso junto a más menores y un equipo educativo. Esta educadora estaba sola en su turno de noche".
Así se han expresado sus compañeros y compañeras en Granada, durante una concentración celebrada frente a la sede de la Junta de Andalucía, dentro de la "ola de solidaridad en toda España" por este caso. En la concentración, profesionales que trabajan en la inclusión socioeducativa de la infancia y adolescencia, desde el Sistema de Protección de Menores, el Sistema de Reforma Juvenil, así como Servicios Sociales comunitarios y especializados han querido expresar su solidaridad ante el terrible suceso de Badajoz.
Han pedido que no se fomente "la criminalización y el estigma de la infancia y adolescencia que se encuentra en situaciones vulnerables, sino centrar las demandas en poder dignificar estas profesiones tan importantes para la sociedad"
Durante la concentración se ha condenado lo sucedido con la compañera educadora y se han expresado las condolencias a sus familiares, equipo de trabajo, así como a las personas adolescentes que se nutrieron de "su esfuerzo y dedicación". Lo que han reclamado es que no se fomente "la criminalización y el estigma de la infancia y adolescencia que se encuentra en situaciones vulnerables, sino centrar las demandas en poder dignificar estas profesiones tan importantes para la sociedad", según considera el colectivo, a través del reconocimiento laboral, de la dotación de medios adecuados, de la recuperación de los servicios públicos privatizados, para poder trabajar con las suficientes garantías que beneficien tanto a la infancia atendida como a la propia sociedad.
Sus portavoces han recalcado que la noticia ha sido "una sorpresa para muchos, pero para nosotras y nosotros no", pues quienes trabajan en este sector sabían que "una tragedia así podía ocurrir", han declarado, insistiendo que vienen sufriendo "una precarización del sector tan alarmante que hace que hasta podamos perder la vida en nuestro trabajo".
Durante la concentración han trasladado sus experiencias profesionales que han sido agredidos, amenazados, violentados y la experiencia común de "no poder ejercer su labor con dignidad y medios adecuados", lo que, según han expresado las portavoces "hace que en ocasiones nos sintamos profundamente maltratadas institucionalmente". En este sentido, se han dirigido a los que han denominado como los "verdaderos responsables, a responsables políticos, a las administraciones públicas y a las empresas privadas del sector, para pedir que "se tomen cartas en el asunto y se solucionen los problemas endémicos del sector".
Al respecto, han concretado algunas de las líneas principales sobre las que se debe trabajar, considerando que la atención a la niñez y adolescencia vulnerable debe ser "de máximo interés público y no un negocio", posicionándose en contra de las privatizaciones, contra los recortes presupuestarios que sufrimos en los recursos. Así mismo también han pedido que "no se cierren los centros específicos, que no se abran macrocentros que dificultan la atención personalizada, ni se dispongan turnos infinitos y turnos en solitario para las profesionales".
Este colectivo de profesionales también considera que es necesaria la revisión de la legislación competente en materia de Protección de Menores y Reforma Juvenil, al estar "desfasada" en su opinión, al igual que se hace necesaria la revisión de protocolos, procesos y coordinaciones que afectan de manera directa a la eficacia y eficiencia de toma de decisiones en momentos claves como cambios de medida judicial, de residencia o de incidencias, han informado.
Han pedido el reconocimiento de peligrosidad en la mayoría de los puestos o actividad de alto riesgo en los casos necesarios
Un punto en el que coinciden todas las profesiones sociales es en las reivindicaciones laborales que afectan a las garantías de poder desempeñar el trabajo de manera adecuada, ampliando derechos laborales para cada profesional del sector y convenios colectivos y salariales justos, que recojan todas las especificidades y sea acorde a la "exigente especialización necesaria", apuntan desde el colectivo. Han informado de que existe "una práctica generalizada de bajar de categorías a los profesionales, contratar a profesionales de educación social en categorías inferiores, cuando, además -han proseguido-, se les exige la especialidad universitaria porque el trabajo a desempeñar así lo requiere". Por último, en el capítulo de reivindicaciones laborales, han pedido el reconocimiento de peligrosidad en la mayoría de los puestos o actividad de alto riesgo en los casos necesarios.
Han concluido insistiendo en que "se huya de un enfoque de las profesiones sociales que las identifique con lo securitario, ni que criminalicen y estigmaticen a la infancia y adolescencia". Han remarcado que lo que necesitan como profesionales y lo que necesita la sociedad son "más recursos e inversión para la infancia y todas las personas en situaciones vulnerables". El grito unánime ha sido un "basta ya al ninguneo de las profesiones sociales".
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