“Queda mucho por hacer y lo hemos de hacer entre todos. La reforma y mejora de nuestra justicia es una de nuestras asignaturas pendientes y esto debe cambiar a corto plazo”, dijo el presidente del alto tribunal andaluz en la apertura del año judicial a la que ha asistido el consejero del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera. “Confío en que la contienda entre los partidos no se siga trasladando al ámbito de la justicia ni se siga perdiendo tiempo en alcanzar un acuerdo para la modernización del aparato judicial”, sentenció el presidente del TSJA.

 

En un discurso reivindicativo, como suele ser habitual en sus comparecencias públicas, Lorenzo del Río, abundó sobre la politización de la Justicia para señalar que “es innegable que, a veces, se exterioriza en demasía la política en los Juzgados” por lo que, agregó, “sería muy deseable establecer una línea roja que no traspase la normal contienda política, para que no se instrumentalicen los tribunales de justicia ni sean la sede donde defender ideas o propuestas propias del debate político o electoral”. 

 

En su reflexión, reclamó unos presupuestos que permitan mejorar el servicio público que prestamos y hacer realidad las aspiraciones de los andaluces. Con ello, y ejerciendo nuestra responsabilidad, debe aumentar la confianza en nuestro sistema de justicia. No podemos fallar a los ciudadanos”.

 

A la ciudadanía se dirigió para hacerlos cómplices de la necesidad de la mejora de la Justicia, como “como aliados y como verdaderos dueños del poder legislativo, del poder ejecutivo, y del poder judicial”, para que no se contenten “con hacer algunos arreglos tan urgentes como insuficientes, sino de poner el servicio público de la Justicia al menos en el mismo nivel de prioridades que la Administración tributaria, sanitaria y educativa”. 

 

Y agregó: “No creo que pueda tratarse de una reivindicación corporativa, es más bien una reflexión sobre la importancia de evitar el desajuste entre una Administración, sin duda cada vez más ambiciosa y eficiente, y una Justicia demasiado acostumbrada a no llegar, a quedarse atrás, a sentirse desbordada o impotente. No es una cuestión de rivalidad entre poderes. Es un déficit cuyas principales víctimas son los ciudadanos”.

 

Lorenzo del Río, quien señaló “las principales rémoras de la Administración de Justicia” en “un obsoleto esquema organizativo, tecnológico y territorial, al que se añaden déficits importantes en infraestructuras y sedes judiciales”, especificó que no se trataba de reclamar más y más recursos, sino de reflexionar y “cambiar todo aquello que hace ineficiente la maquinaria de la justicia, que no es poco” porque “solo así, podrá ser sostenible y eficaz una política presupuestaria en una sociedad altamente judicializada, en la que los conflictos están a la orden del día y donde la utilización de este servicio público es algo casi ineludible para muchos ciudadanos”.

 

Y en una inusual autocrítica en la vida política y social, reconoció que “con los actuales recursos podríamos dar una mejor respuesta judicial”.

 

Durante su intervención, Del Río aludió a las sentencias de los jueces, sin citar ningún caso, para señalar que, "al igual que los acuerdos del TSJA y su sala de Gobierno", siempre deben reflejar "el respeto a la legalidad y a la neutralidad", porque la "legitimidad del poder judicial" se nutre de esa "imparcialidad, independencia y vinculación a la ley".

 

"Y, precisamente, cuantas decisiones se han adoptado en asuntos sumamente sensibles, conflictivos y mediáticos, han seguido tales premisas en el marco de la mayor transparencia", enfatizó.

Así, y pese a todo, quiso transmitir un “mensaje de esperanza”: “La justicia tiene solución. La insolidaridad social, el incivismo, la conflictividad, la delincuencia y la corrupción se pueden combatir. El Estado democrático es capaz de enfrentarse a ello y de dar adecuada respuesta a esos comportamientos antijurídicos”.

 

En su intervención, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón dijo que aunque la evolución de la criminalidad no presenta cambios cuantitativos apreciables, la crisis económica sí ha agravado la "fragilidad social" de los grupos más desfavorecidos.

Así, señaló que recurren al Ministerio Fiscal “jóvenes desempleados que padecen inaceptables condiciones de trabajo, inmigrantes en situación irregular, personas discapacitadas en situación de exclusión social o colectivos discriminados por distintas razones que han venido sufriendo agresiones inaceptables al núcleo más esencial de sus derechos”. 

 

“Esta tendencia –significó- preocupa a la Fiscalía de Andalucía que ha contraído un compromiso efectivo en la defensa de algunos grupos desfavorecidos o discriminados por razones de explotación o de simple odio”, dijo García Calderón quien prosiguió: “Las formas delictivas de discriminación importan y ofenden a toda la sociedad y hay que valorar la necesidad de acabar, en algunos casos, con la impunidad de la explotación laboral”.

 

García Calderón se refirió a los casos de corrupción para asegurar que "se equivocaron y se equivocan quienes confunden nuestro respeto por las garantías del proceso y la imparcialidad con la debilidad institucional" y aseguró que las fiscalías andaluzas cumplen con su deber "sin injerencias y con plena imparcialidad". 

 

El fiscal Superior de Andalucía volvió a referirse al "agotamiento" del actual sistema de investigación criminal, determinado por "el lastre decimonónico de una excelente norma procesal pero promulgada, por extraño que parezca, en otra edad de la historia".

Además, consideró un "nuevo parcheado" las reformas en la legislación procesal llevadas a cabo este año, insuficientes para combatir las formas más graves de criminalidad asociadas a la corrupción y "otros salvajes comportamientos". Y defendido la atención a los refugiados como un "imperativo moral y un deber constitucional".