El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha defendido este martes que los jueces están sujetos "al imperio de la ley" y sólo en ella se basan sus pronunciamientos, lamentando que, en determinados casos, se haya hecho una "apología y aplauso" de la desobediencia de sentencias firmes.

Lorenzo del Río ha hecho esta reflexión durante su intervención en el acto de apertura del año judicial celebrado en la Real Chancillería de Granada, al que ha asistido la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.

Del Río ha recordado que las leyes "son de obligado cumplimiento", de modo que si la mayoría considera que no son "adecuadas", lo que procede es modificarlas en el Parlamento; pero no se puede -ha dicho- "inocular" en la ciudadanía que la ley y los tribunales son secundarios, "que si no gustan se obvian".

Sus palabras se producen después de que en los últimos meses se hayan cuestionado las resoluciones judiciales en torno al caso de Juana Rivas, la madre de Maracena que está siendo investigada por permanecer casi un mes ilocalizable con sus hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregarlos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que en 2016 denunció por malos tratos.

Aunque no ha hecho una mención expresa a este mediático caso, el presidente del alto tribunal andaluz sí ha aludido a "recientes situaciones conflictivas judicializadas" que, a su entender, "han traspasado la línea de la legítima crítica social de las resoluciones judiciales" y que le han llevado a reivindicar el "respecto a la legalidad" y a las decisiones de la justicia.

Ha matizado que los jueces pueden equivocarse y están sometidos a la crítica pública por sus actuaciones, pero llama a "tener presente que sólo desde el respeto y el cumplimiento de la ley es posible una convivencia pacífica y democrática".

Lucha de la Fiscalía contra la violencia de género

En el mismo acto también ha intervenido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que en un momento de su discurso se ha referido a la "lucha" del Ministerio Público contra la violencia de género, un problema que "a pesar de todos los cambios legislativos y medidas implantadas en esta materia" continúa sin resolverse, ha dicho, para añadir que son necesarias medidas de "prevención y sensibilización".

"Los fiscales seguiremos intentando adoptar medidas para fortalecer la lucha contra estos delitos siendo conscientes de la preocupación ciudadana que existe con este tema, pero en ningún caso obedeciendo a presiones de colectivos, medios de comunicación o personas, que por desconocimiento o manipulación de la ley y los procedimientos judiciales, pretenden no sujetarse a la legalidad", ha agregado.

En todo caso, ha garantizado que continuarán "con la vigilancia y seguimiento continuo de todos los asuntos, poniendo especial atención en la situación de aquellos maltratadores que demuestran una mayor peligrosidad criminal" así como los reincidentes, "teniendo especial cautela con la situación de los menores de edad, víctimas también directas de estos delitos, procurando su efectiva protección y tutela (...), valorando siempre el interés superior del menor".