Podemos denuncia a la Fiscalía las obras de Emperatriz Eugenia por la exposición al amianto de trabajadores y vecinos "sin medidas de protección"

Salvador Soler, abogado y portavoz de Podemos Granada, ha presentado ante la Fiscalía una ampliación de la denuncia que interpuso hace unos días por las obras previas en la Avenida Cervantes, debido a la detección de que las obras en Emperatriz Eugenia "carecían de plan de trabajo sobre amianto y evaluación de riesgos por exposición al amianto", indica en una nota de prensa.
La denuncia a la Fiscalía también ha sido presentada ante las delegaciones de Empleo y de Salud de la Junta de Andalucía, "tras confirmarse que en las obras de Emperatriz Eugenia y Gran Capitán se ha producido exposición real a fibras de amianto (asbesto) sin que existieran medidas de protección ni para los trabajadores ni para la ciudadanía".
La situación, para Soler, exige una actuación inmediata: "No se puede seguir actuando con esta impunidad. Nos están envenenando a nosotros y a nuestros hijos. Exigimos transparencia, limpieza y responsabilidades".
Durante unas visitas a la obra, los propios responsables de Emasagra admitieron, según indica Podemos, que no se incluyó ninguna medida preventiva frente al amianto en el Plan de Seguridad y Salud, justificándolo con la frase "no se iban a sacar las tuberías de fibrocemento". Para Soler, esta afirmación vulnera de forma directa el Real Decreto 396/2006, que obliga a contar con un Plan de Trabajo con Amianto incluso cuando las conducciones no se cortan, siempre que puedan quedar expuestas o perturbadas.
Según informa Podemos, a raíz de las quejas vecinales la empresa colocó un cartel de “Peligro Amianto”, pero sin adoptar ninguna de las medidas de seguridad obligatorias: no se establecieron perímetros de exclusión, ni se aplicó humectación o encapsulamiento, ni se dotó a los operarios de equipos de protección respiratoria, ni se realizó control ambiental del polvo.
Imágenes explicativas extraídas de la ampliación de la denuncia de Podemos a la Fiscalía:
Un riesgo cierto, actual y evitable
Los informes técnicos incorporados a la denuncia señalan que la simple exposición y manipulación indirecta de tuberías de fibrocemento envejecidas genera liberación de fibras al aire y al suelo, incluso sin fractura o corte aparente. Las fibras son agentes cancerígenos de primer nivel y su inhalación puede causar cáncer de pulmón, mesotelioma pleural y asbestosis, patologías que suelen manifestarse décadas después de la exposición.
Estas fibras —altamente cancerígenas— pueden permanecer en suspensión durante horas o días, y en el polvo o suelo durante meses o años, lo que significa que el riesgo persiste incluso después de que las zanjas se hayan cerrado, habida cuenta de que la contaminación del suelo y del polvo urbano persiste, representando un riesgo real y continuo para la salud laboral y pública. El retraso en la evaluación y limpieza ambiental incrementa el peligro y podría dificultar la determinación de responsabilidades futuras, afirma la formación morada.
Podemos Granada solicita a la Fiscalía que requiera la intervención inmediata de la Delegación de Salud y de la Inspección de Trabajo, para que se practiquen mediciones del aire y del polvo, se limpie el entorno afectado con equipos especializados y se suspenda cualquier nueva actuación en la zona hasta su completa descontaminación.
Treinta años de obras en contacto con amianto
Para el abogado morado, “lo más grave es que, según reconocen los propios técnicos de Emasagra, la empresa lleva realizando obras en contacto con el fibrocemento desde hace más de treinta años, sin haber aplicado jamás protocolos específicos frente al amianto. Es un patrón de comportamiento".
Esto significa, según Podemos, que cientos de trabajadores y un número indeterminado de granadinas y granadinos han podido estar expuestos durante décadas a un material cuya inhalación es causa directa de cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma pleural, y cuya peligrosidad es conocida desde hace más de medio siglo.
Según Salvador Soler, el director de Planificación, Proyectos y Obras/Comunicación y Contratos Metropolitanos de Emasagra afirmó públicamente que la empresa lleva más de treinta años realizando obras sobre redes de fibrocemento, lo que revela un patrón continuado de exposición y falta de protocolos frente al amianto, con posibles efectos acumulativos sobre la salud laboral y la población.
“Granada podría estar enfrentándose, en años futuros, a una crisis de salud pública silenciosa, cuyos efectos se verán a largo plazo”, sentencia Soler.
Responsabilidades y medidas urgentes
La ampliación de la denuncia solicita que la Fiscalía extienda la investigación a la Empresa Municipal de Aguas (Emasagra) y a la contratista Sorigué ACSA Obras e Infraestructuras, S.A., como presuntas responsables de haber ejecutado o permitido obras con amianto sin plan de trabajo, sin medidas preventivas y sin evaluación de riesgos.
Los hechos podrían constituir delitos contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 CP), contra el medio ambiente (art. 325 CP) y prevaricación administrativa o ambiental (arts. 404 y 329 CP), a juicio de Podemos.
Asimismo, se ha solicitado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada sean requeridos para informar sobre las medidas adoptadas, los planes de trabajo con amianto existentes y las acciones de vigilancia sanitaria y ambiental realizadas en los últimos años.
“Nos están envenenando”
Los contactos de Soler con los vecinos y vecinas del entorno de Emperatriz Eugenia, Gran Capitán y Avenida de Cervantes, "exigen una actuación inmediata: No se puede seguir actuando con esta impunidad. Nos están envenenando a nosotros y a nuestros hijos. Exigimos transparencia, limpieza y responsabilidades".
La denuncia concluye recordando que el amianto no desaparece por sí solo. Cada fibra liberada permanece en el entorno y puede causar enfermedad décadas después. El peligro es evidente y persistente. Durante la ejecución de los trabajos, y aún después de su finalización, las fibras de amianto pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas o días, y depositadas en el suelo o polvo del entorno durante meses o incluso años, con riesgo de resuspensión cada vez que se altere el terreno o circule tráfico.
El retraso en la adopción de medidas de limpieza, evaluación y control puede agravar el riesgo y dificultar la comprobación posterior de los daños o responsabilidades, concluye Podemos.