La plataforma ciudadana de Castilléjar ve "insuficientes" las nuevas exigencias del Gobierno para las macrogranjas porcinas
El portavoz de la plataforma ciudadana 'En defensa de nuestra tierra', de Castilléjar, Evaristo Rodríguez, ha considerado que las nuevas exigencias para las macrogranjas porcinas que contempla el Real Decreto aprobado esta semana por el Gobierno van "en la buena dirección", pero son "insuficientes" en cuestiones relativas a la figura del veterinario que se propone para cada granja o al bienestar animal.
Lo ha hecho a preguntas de Europa Press después de que, el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto que fija las normas básicas de ordenación de granjas porcinas por el que exigirá a cada explotación de cerdos un plan individual relativo a la mejora del bienestar animal y de la bioseguridad, y la reducción del impacto ambiental.
El Real Decreto es una revisión de la normativa vigente, del año 2000, para adaptarse a los nuevos estándares de producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal. La actualización se ha abordado, según informó el Gobierno, en colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil.
La plataforma ciudadana 'En defensa de nuestra tierra', que se ha venido movilizando en los últimos tiempos contra la ampliación de las granjas porcinas en Castilléjar, ha apuntado, en un primer análisis, que esta nueva normativa "empieza a poner el foco" en la gestión de los residuos que generan estas explotaciones de ganadería intensiva al objetivo de disminuir el efecto invernadero, y las emisiones de amoniaco y metano.
A este respecto, Evaristo Rodríguez ha señalado que será necesario "estar vigilantes" ante los tiempos de adaptación que puedan darse a las empresas para el cumplimiento de la normativa, y ha recordado que está en tramitación la ampliación de dos macrogranjas de cerdos en Castilléjar.
El Real Decreto, ha detallado Rodríguez, "no dice nada" respecto a que el veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales, tenga que ser "independiente". "Ahí está la clave", ha agregado el portavoz, que ha explicado que estos profesionales dependen actualmente de las empresas.
Entre otras cuestiones, en cuanto al bienestar animal, no especifica la superficie mínima para cada animal, que, según la plataforma, debería estar en al menos 1,8 metros cuadrados por cerdo, que, además, debería tener, ha agregado, un tiempo de entre dos y cuatro horas de paseo en el exterior al día.
Según informó el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la revisión de la normativa de ordenación busca establecer las bases para la sostenibilidad de la actividad ganadera en los próximos años. Con los nuevos requisitos se permitirá reducir las emisiones de gases contaminantes y en particular el amoniaco y de efecto invernadero cerca de un 21 por ciento a partir de 2023.
Además, incluye mejoras en relación con el bienestar animal, por lo que exigirá un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.
Mesa de ordenación
Asimismo, se crea una mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Las principales novedades se centran en el refuerzo de los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas para mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.
También se establecen mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las granjas para limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales mediante la figura del veterinario de granja, que asesorará sobre los aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.
Por otro lado, en la nueva mesa de ordenación del sector participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Derechos Sociales y Agenda 2030.