La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para una acusada de tener a los ocho trabajadores de la plantilla de un bar que regentaba en una zona universitaria de Granada sin darles de alta en la Seguridad Social.

Según el escrito da conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, sin antecedentes penales, se enfrenta también al pago de una multa de 2.400 euros, todo ello por la presunta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores.

Cuando fue inspeccionada, el pasado 9 de junio de 2017, la empresa "tenía empleadas a ocho personas sin cumplir en ningún caso su obligación de comunicación y alta de estas ante la Tesorería General de la Seguridad Social". Eran "la totalidad de la plantilla" ese día, la mayoría contratados desde algunos días u horas antes.

Además, el fiscal hace constar que la empresa "no estaba registrada en el Registro Mercantil y no contaba con más de diez trabajadores". La Seguridad Social procedió "de oficio" a regularizar la situación de cuatro de estos empleados, certificando "un perjuicio" de casi 3.000 euros por estas supuestas "irregularidades cometidas".

Está previsto que los hechos sean enjuiciados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 13 de noviembre.