La sentencia del TSJA que anula la ordenanza sobre la tasa por tratamiento de residuos de la Diputación ha provocado una cascada de peticiones para que se devuelvan los recibos desde que en 2013 el gobierno provincial del PP empezara a cobrárselos a los granadinos.

Tanto PSOE como Izquierda Unida, que se opusieron en su día a la creación de esta tasa, exigen la devolución del dinero tras la sentencia dada a conocer el miércoles, en la que el TSJA tumba la ordenanza al "no estar ajustada a derecho", pues emplea una fórmula "no acertada", el valor catastral de los inmuebles, para determinar el importe a pagar por cada contribuyente.

"Tasazo", "chapuza", "injusta" o "ilegal" han sido algunos de los calificativos empleados por Francisco Cuenca y Francisco Puentedura, portavoces de PSOE e IU en el Ayuntamiento, respectivamente, sobre la tasa, en sus peticiones para que se devuelva el importe cobrado.

Pero es que incluso el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, a través de un comunicado enviado por el Consistorio, ha solicitado también a la Diputación, nada más materializado oficialmente el cambio de signo político en el gobierno provincial, que "acate el fallo de la sentencia de TSJA" y solicita "la devolución de las cantidades que los ciudadanos de Granada hayan pagado" por la tasa de tratamiento de residuos.

De esta forma, Ledesma -es decir, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento- inicia su labor de oposición sobre la Diputación, ya gobernada por el PSOE, pero al mismo tiempo pone a los pies de los caballos a sus compañeros de partido en la institución provincial, pues fueron ellos los que crearon la tasa en 2013 cuando gobernaban. Y entre ellos están no solo los diputados José Antonio Robles (Medio Ambiente) e Inmaculada Hernández (su homóloga en Economía y Hacienda), sino el propio expresidente Sebastián Pérez, ahora compañero concejal en el Consistorio de la capital.

Defensa de Robles

José Antonio Robles, ya exdiputado de Medio Ambiente de la Diputación y responsable directo de la tasa, alegó en un comunicado enviado tras conocerse la sentencia del TSJA -el último comunicado remitido como vicepresidente en funciones de la institución- que la ordenanza anulada por el Alto Tribunal andaluz, que se aprobó en mayo de 2013, fue modificada en octubre y que, por tanto, "no es la que ahora mismo se encuentra en vigor y que no tiene recurso alguno".

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José Antonio Robles, exdiputado de Medio Ambiente de la Diputación y ahora portavoz del PP en la institución. Archivo

Es decir, Robles quería dar a entender con ello que la sentencia no afecta a legalidad de la tasa, en periodo de cobro voluntario hasta el 31 de agosto, ya que está regulada por una ordenanza posterior a la denuncia que hizo el Ayuntamiento de Baza y que ha dado origen al fallo del TSJA. Robles ha convocado para este viernes una rueda de prensa, a través de su partido, el PP, para informar de nuevo sobre la sentencia del TSJA.

Sin embargo, las modificaciones efectuadas entonces por la Diputación en la ordenanza no varían el contenido anulado por el TSJA, esto es, el uso del valor catastral como fórmula para calcular los importes de los recibos. Según ha podido comprobar El Indepependiente de Granada, la ordenanza modificada en octubre, publicada en el BOP el 27 de diciembre de 2013 y que entró en vigor el 1 de enero de 2014, modifica algunos articulos de la norma fiscal e incorpora otros, pero la ordenanza sigue empleado el valor catastral como baremo para establecer el importe de los recibos.

Y eso es esencialmente lo que tira por tierra el TSJA, pues el tribunal sostiene que el valor catastral "no es el factor determinante" del coste del servicio que se presta, que, en opinión de los jueces, ha de venir dado por el volumen de residuos producidos. Es decir, una casa con un elevado valor catastral -y, por tanto, con un alto importe del recibo- puede estar habitada por una sola persona, que generaría muchos menos residuos que un inmueble con bajo valor catastral pero habitado por varias personas, pero que pagaría menos tasa.

Aunque el importe medio de los recibos es de 20 euros, la tabla incluida en la ordenanza (en la inicial y en la modificada) incluye tasas de hasta 350 euros para los valores catastrales más elevados y establece una correlación entre tramos de valores catastrales e importe de la tasa.

Así las cosas, aunque la ordenanza en vigor desde el 1 de enero de 2014 no tenga, como asegura el exdiputado José Antonio Robles, ningún recurso en contra, su contenido quedaría deslegitimado por la sentencia del TSJA, ya que el motivo por el que la consideró "no ajustada a derecho" permanece tal cual tras las modificaciones.