Critican la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, dicen, puede favorecer la impunidad en casos de corrupción
Los magistrados se quejan de las "deficientes" sedes judiciales y reclaman a la Junta la reunificación "en el menor plazo"
Los magistrados de Granada se quejan de las sedes judiciales "claramente deficientes" y reclaman a la Junta de Andalucía, como administración competente, que proceda a la reunificación de las sedes en el menor tiempo posible.
Miguel Rodriguez
Sede del TSJA.
Este pronunciamiento común ha sido aprobado por la Junta de Jueces de Granada, reunida este viernes para abordar este y otros asuntos.
Según la resolución sobre la dispersión de los juzgados de la capital, explican que, actualmente, hay tres sedes judiciales distintas: Caleta, Plaza Nueva --donde se encuentran parte de los Juzgados de Primera Instancia-- y Marqués de la Ensenada, sede de los Juzgados de Menores. La Audiencia Provincial también está dividida en dos sedes, "una de las cuales tiene un alto coste anual por alquiler", mientras que en el edificio de La Caleta hay tres plantas vacías, a la espera de su acondicionamiento.
Para los magistrados, el estado de las sedes de La Caleta y Plaza Nueva es "claramente deficiente, con poco espacio, sin ventilación, con equipos de climatización obsoletos". Esta situación, añaden, provoca que el Decanato y los servicios comunes estén también dispersos, y "perjudica tanto a los profesionales como a los ciudadanos".
Además consideran que los edificios existentes necesitan de una profunda reforma que los adecuen a las necesidades actuales en cuanto a espacio, habitabilidad y salubridad.
"En otras ciudades se han construido o se van a construir Ciudades de la Justicia con un coste millonario. En Granada, con una inversión muy inferior se podrían concentrar todos los juzgados en la sede de Caleta y en edificios adyacentes, una vez se realice una rehabilitación integral de los espacios", han argumentado.
Por ello, solicitan a la Consejería de Justicia, como administración competente, que se lleven a cabo las labores necesarias para que la unificación de las sedes judiciales "sea un hecho en el menor plazo posible", comenzando por la puesta en funcionamiento de las tres plantas del edificio de La Caleta que están a día de hoy en desuso.
Papel cero
Ante la anunciada próxima implantación del denominado 'papel cero' en la Administración de Justicia, los magistrados de Granada censuran que se haya fijado una fecha, pese a que no se han adoptado las medidas necesarias para su efectividad.
"En primer lugar se debe contar con todos los sectores implicados a la hora de afrontar una reforma de calado como esta, y especialmente con los jueces", advierten, a la vez que reclaman un modelo uniforme de aplicación para toda España en el que se garanticen medios de software y hardware adecuados, con unos requisitos técnicos mínimos y estandarizados para todos.
"Se debe contar con un mínimo de pantallas de visualización suficientes y de calidad, en los despachos y en las salas de vistas, documentos con un sistema organizado de índices y vínculos que permitan el acceso inmediato y la navegación fácil e intuitiva entre los documentos, y no meros documentos escaneados; un sistema de firma electrónica rápida que permita ver al mismo tiempo la resolución que se está firmando, una adecuada comunicación telemática directa entre órganos judiciales y el resto de los operadores jurídicos y administraciones", exponen.
También piden una formación "intensa y continuada" en informática en general, a los jueces y al resto de personal, y una asistencia técnica de calidad e inmediata por personal informático.
Críticas a la Ley de Enjuiciamiento criminal
Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un límite temporal máximo para la instrucción de las causas penales, consideran los magistrados que puede provocar el archivo de los procesos y la impunidad de los delincuentes, especialmente en causas complejas como las relacionadas con la corrupción. Además, sostienen que el límite temporal establecido para la instrucción de las causas penales, sólo prorrogable a instancias del Ministerio Fiscal o de las partes, traslada a la opinión pública la idea de que la responsabilidad en las dilaciones de los procesos judiciales corresponde a los propios jueces instructores, lo cual, según advierten, "es radicalmente falso".
Recuerdan en este sentido que la ratio de jueces por habitante "es de las más bajas de lo países de nuestro entorno" y de que no disponen de una verdadera Policía Judicial que dependa orgánica y funcionalmente de los magistrados, de modo que para la práctica de cualquier prueba pericial deben remitir solicitudes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, agencia tributaria, institutos especializados, o la propia administración, "que tardan en cumplimentarse meses o años".
Mantienen que la simple fijación de un plazo máximo a la investigación penal "carece de sentido", un plazo que en muchos casos, advierten, "será imposible de cumplir por circunstancias ajenas a los propios jueces, y cuyo incumplimiento puede provocar el archivo de los procesos y la impunidad de los delincuentes".
"Si se quiere una justicia más ágil y eficaz, se deben proporcionar los medios adecuados a un número de jueces suficiente", expone el documento.
